Decreto

Fue ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores.

La medida apunta a fomentar la competencia y reducir los precios locales, retrotrayendo los valores arancelarios a 2007. El Ejecutivo asegura que hay productos que triplican en precio a países europeos.

En diálogo con Radio FM La Isla, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Gobierno, señalando que se ha llegado a un punto donde el Poder Ejecutivo está suplantando al Congreso de manera sistemática.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla se opusieron a que el juez federal asuma en la Corte sin renunciar a su cargo actual. Ricardo Lorenzetti, en minoría, propuso avanzar con su nombramiento.

El Poder Ejecutivo decidió suspender los viáticos para el Gobernador y su gabinete, limitando también los viajes al exterior. La medida busca optimizar los recursos públicos ante la difícil situación económica de la provincia.

Ayer el expresidente, Mauricio Macri, reunió a la mesa chica del PRO, anticipando su posición y distancia con el Gobierno.

El abogado Raúl Paderne analizó el reciente decreto 111/2025 y sus implicancias en el FAMP-Fueguina, destacando la falta de consensos y las dificultades jurídicas que plantea.

El Gobierno nacional incorpora a las instituciones nacionales dentro de los beneficiarios del FAMP, modificando el decreto 727. Esto implica una nueva distribución de fondos, afectando la participación de la provincia y municipios en proyectos de infraestructura.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, introduce cambios en la estructura de la cartera económica, incluyendo la eliminación y fusión de diversas dependencias.

Milei busca que la política de viviendas la manejen las provincias, los municipios y el sector privado.

Este incremento se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Hasta ahora, la Policía Federal Argentina (PFA) actuaba como la única Oficina Central Nacional (OCN) ante INTERPOL. El Gobierno incorporó a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en tareas de cooperación internacional.