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En diálogo con Hora 18, el secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, se refirió a la compleja situación que atraviesa la industria electrónica y metalúrgica en Tierra del Fuego y a las negociaciones que se desarrollan en el marco de los decretos nacionales 333 y 334.
“Estamos en la quinta reunión, en un ámbito donde participan Nación, Provincia, los gremios y las cámaras empresariales. Pero vemos que cada uno cuida su interés individual y no el de los trabajadores. Lo primero que tendrían que estar mirando ahora es el trabajador y la trabajadora de la industria electrónica, metalúrgica, autopartista y la ciudadanía entera”, afirmó.
Escobar criticó la actitud de las cámaras empresariales: “En la última reunión se presentó la presidenta con un Excel mostrando costos promedio de un celular, algo totalmente imprudente. Sabemos que un alta gama ronda entre 700 y 800 dólares. Lo que pedimos es que pongan los precios sobre la mesa para tener datos reales y defender nuestra postura frente a Nación”. Además, explicó que “el verdadero aumento se produce en la cadena de comercialización, donde el precio se encarece hasta un 130%”.
El dirigente señaló que la incertidumbre crece ante la falta de reglamentación de los decretos: “Cuando se materializó el decreto empezó la preocupación. Falta la reglamentación, que será clave para saber cómo se aplican. Mientras tanto pedimos prórrogas para garantizar los puestos de trabajo, porque si no, esto es un ataque directo”.
Respecto a rumores de que las empresas comenzarían a implementar el sistema de venta directa “puerta a puerta”, aclaró: “Todavía no se aplica porque no hay reglamentación, pero es un tema que preocupa”.
Escobar también fue tajante sobre versiones que plantean que los gremios deberían hacer concesiones: “Los trabajadores no van a ceder nada. Ya lo hicimos en 2016 y 2018 con el congelamiento salarial, y eso nos hizo perder más del 50% del poder adquisitivo. Lo seguimos reclamando: fue un error y vamos a ir por esa recomposición”.
Por último, confirmó que la próxima reunión será el 7 de agosto en Ushuaia: “Teniendo la reglamentación del decreto, será un punto de partida clave. No hay mucho margen: en 30 días debería haber una resolución”, concluyó.
