El juez Federico Calvete se declaró incompetente para intervenir en la demanda de Tierra del Fuego contra la intervención de la ANPyN y remitió el expediente al máximo tribunal.
JUDICIALES11/02/2026
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El conflicto por el control del Puerto de Ushuaia dio un nuevo giro judicial. El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, se declaró incompetente para analizar la demanda presentada por la provincia de Tierra del Fuego contra la intervención administrativa dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La controversia comenzó tras la Resolución RESOL-2026-4-APNANPYN, dictada el 20 de enero de 2026, que suspendió la habilitación del Puerto de Ushuaia y avanzó sobre su infraestructura, gestión operativa, técnica y administrativa. Frente a esa medida, el gobierno provincial promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad, alegando vulneración del régimen federal, la autonomía provincial y las competencias no delegadas al Estado nacional.
En su presentación, Tierra del Fuego solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la resolución, el cese inmediato de cualquier intervención del Estado nacional y la garantía del pleno dominio y administración del puerto. Además, pidió una medida cautelar para suspender los efectos del acto administrativo.
El juez federal Federico Calvete decidió no pronunciarse sobre el fondo del planteo ni sobre la medida cautelar, y se declaró incompetente para intervenir en el caso. Su decisión sigue el dictamen de la fiscal federal ad hoc, que consideró que, al tratarse de un conflicto entre una provincia y el Estado nacional con implicancias federales, la competencia corresponde a la Corte Suprema.
La resolución del Juzgado resalta que la cuestión implica interpretación de normas constitucionales sobre federalismo, autonomía provincial y reparto de competencias entre Nación y provincias. Por ello, la Corte Suprema deberá decidir si admite la acción, concede alguna medida cautelar y, en última instancia, si la intervención de la ANPyN se ajusta al régimen federal.
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