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El fiscal federal Franco Picardi presentó un recurso de apelación contra la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, que había archivado la causa por presuntas irregularidades en la toma y uso del préstamo Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. Picardi sostiene que la decisión fue arbitraria y que los hechos deben analizarse de manera integral para determinar responsabilidades penales.
En su apelación, Picardi cuestiona que la magistrada haya realizado una evaluación fragmentaria del material probatorio, tratando distintos episodios como hechos aislados cuando, según la fiscalía, forman parte de un proceso concatenado que debe analizarse en su conjunto. Además, remarcó que el fallo transcribió evidencia sin ponderarla ni justificar cómo se arribó a las conclusiones que derivaron en el archivo de la causa.
El fiscal subrayó que existen indicios suficientes para profundizar la investigación, incluyendo posibles incumplimientos normativos en la toma de deuda, irregularidades en la administración de los fondos, falta de transparencia en la negociación y decisiones que podrían haber provocado perjuicios económicos relevantes para el Estado y la sociedad.
Picardi también puso en cuestión aspectos institucionales y procedimentales del acuerdo, señalando la ausencia de intervención formal del Congreso y del Presidente mediante actos administrativos específicos, así como la posible simulación o reconstrucción posterior de expedientes para justificar decisiones ya adoptadas. Por ello, la fiscalía solicitó que la Cámara Federal revoque el archivo y continúe la investigación, considerando que la magnitud institucional y económica del caso exige un análisis más profundo.
En paralelo, el Gobierno nacional resolvió que el Estado deje de actuar como querellante en la causa, mediante el Decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a la actuación de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y se sustenta en el fallo de la jueza Capuchetti, quien consideró que “no se cometieron los delitos denunciados” y que la mayor parte de los cuestionamientos eran discrepancias con decisiones de política económica en el marco de competencias del Ejecutivo.
Según la magistrada, las decisiones del gobierno de Macri forman parte del ejercicio de facultades discrecionales para llevar adelante su política económica, y los efectos macroeconómicos adversos “no permiten reconducir, por sí solos, estas decisiones al ámbito del derecho penal”.
La apelación de Picardi abre ahora la posibilidad de que la Cámara Federal reexamine la causa, mientras el Estado ya no participa como querellante, dejando el caso en manos de la fiscalía y del sistema judicial para determinar si corresponde o no profundizar la investigación sobre la deuda con el FMI durante la gestión macrista.
