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La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto a la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, solicitó y el informe de la auditoría de los bienes administra el Consejo de Administración y, según Norma Lezana, secretaria general del gremio parte de la recaudación está destinada a un “fondo de inversión de (Luis) Caputo”.
Expresó que esto es un “escándalo” y que todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. Paralelamente, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio”.
“Se están guardando 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de (Luis) Caputo”, planteó.
Estos fueron los números que se conocieron ayer, después de que se presentara el balance del Hospital durante todo el 2024 y que, según informaron, el dinero recaudado fue dirigido al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, que pertenece a Banco Nación: “Los funcionarios que nos dicen ‘que no hay plata y que somos ñoquis’, ya no pueden esconder que esta plata existe”, añadió Lezana.
Asimismo, manifestó que les solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores de salud de manera retroactiva”.
Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz, se sumó a la denuncia de Lezana y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei le dio ese dinero al ministro de Economía “para mantener el dólar barato”, desviándolo de su función principal que era al invertirlo en el Garrahan y en los sueldos de sus empleados.
“Todo ese dinero, que corresponde como recursos genuinos, debe ir al bolsillo de los trabajadores y las obras de infraestructura que corresponden. Mientras tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica tiene que venir a reparar lo que es salario de cada trabajador, que es ese 70% que perdimos desde noviembre de 2023. Por eso, hoy vamos a inundar la calle junto a la comunidad, a la familia y a las organizaciones sociales y de derechos humanos porque los trabajadores no pueden ser estafados”, concluyó.
