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El caso $LIBRA volvió a quedar en el centro de la polémica tras el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los demás imputados. La decisión judicial, adoptada el 23 de octubre de 2026 a pedido del fiscal Eduardo Taiano, cerró la investigación en primera instancia sin que los principales acusados fueran llamados a declaración indagatoria. El fallo reavivó las críticas por las pruebas reunidas, las dudas sobre el recorrido de los fondos y las medidas de investigación que no llegaron a completarse.
El escándalo comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei promocionó desde su cuenta oficial de X la criptomoneda $LIBRA y difundió el contrato digital del activo. La publicación impulsó su cotización y atrajo a numerosos compradores, pero el precio se desplomó más de un 90% pocas horas después, provocando pérdidas económicas entre inversores.
Las operaciones registradas en la blockchain despertaron sospechas sobre el retiro de liquidez por parte de billeteras vinculadas con los responsables del proyecto. Los denunciantes plantearon la hipótesis de una posible maniobra conocida como rug pull, en la que operadores retiran fondos de un activo digital y dejan a otros compradores expuestos a fuertes pérdidas.
Sin embargo, el derrumbe de la criptomoneda y las ganancias obtenidas por algunos participantes no fueron considerados suficientes para demostrar judicialmente una estafa. Milei eliminó posteriormente su publicación y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto.
Uno de los elementos centrales del expediente surgió del análisis del teléfono de Mauricio Novelli, empresario vinculado con el lanzamiento de $LIBRA y conocido del Presidente. Los registros reconstruyeron una secuencia de comunicaciones entre Novelli y Milei durante el 14 de febrero de 2025. A las 18.02, el empresario llamó al mandatario, aproximadamente 36 minutos antes de la creación del token. Ambos volvieron a comunicarse a las 18.54 y, a las 19.01, Milei publicó el mensaje que impulsó la cotización. Dos minutos después se registró otra comunicación.
Novelli se encontraba en Dallas junto al empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los principales impulsores del proyecto, y Manuel Terrones Godoy. Las pericias también identificaron contactos con Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Aunque los registros acreditaron la existencia de comunicaciones en momentos clave, las llamadas no demostraron por sí solas que hubiera existido un acuerdo delictivo. El juez consideró que los elementos incorporados no alcanzaban para sostener las imputaciones.
Otra de las piezas relevantes fue una nota recuperada del teléfono de Novelli, creada el 11 de febrero de 2025, tres días antes del lanzamiento de la criptomoneda.
El archivo describía un presunto acuerdo económico por US$5 millones con Hayden Davis, distribuido en tres desembolsos: un adelanto de US$1,5 millones, otro pago de US$1,5 millones relacionado con un anuncio presidencial y un tercer desembolso de US$2 millones vinculado con un contrato presencial con Milei sobre blockchain e inteligencia artificial, con intervención de Karina Milei.
La Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) confirmó que la nota había sido creada por Novelli en la fecha indicada. También se recuperó otro documento, denominado LOI_Kelsier.docx, relacionado con la empresa Kelsier Ventures, vinculada con Davis.
No obstante, la existencia del documento no acreditaba que el acuerdo hubiera sido aceptado, ejecutado o que los fondos hubieran llegado a los hermanos Milei. El magistrado consideró que el borrador, al no contar con firmas ni constancias de aceptación por parte de los mencionados, resultaba insuficiente para demostrar un pacto ilícito.
El expediente también documentó una reunión entre Javier Milei y Hayden Davis en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. El ingreso del empresario estadounidense había sido autorizado por Karina Milei, entonces secretaria general de la Presidencia.
Tras ese encuentro se identificaron movimientos de activos digitales por aproximadamente US$5 millones desde Davis hacia cuentas relacionadas con personas del circuito financiero utilizado por Novelli. La coincidencia entre ese monto y el consignado en el borrador despertó sospechas entre investigadores y denunciantes.
Sin embargo, la investigación no acreditó judicialmente que ese dinero hubiera sido recibido por Javier o Karina Milei ni que correspondiera a pagos por la promoción de la criptomoneda.
También se incorporaron registros de visitas de Novelli y familiares a cajas de seguridad bancarias antes y después del lanzamiento. Tras el desplome del activo, regresaron a la entidad bancaria y, cuando la Justicia inspeccionó posteriormente las cajas, estas estaban vacías. No se pudo determinar qué contenían los bolsos registrados por las cámaras ni establecer una relación comprobada entre esas visitas y los fondos de $LIBRA.
La investigación sobre Karina Milei se concentró, entre otros aspectos, en su posible intervención en un sistema de intermediación para facilitar el acceso al Presidente a cambio de pagos.
Entre los archivos recuperados del teléfono de Novelli aparecieron propuestas comerciales que ofrecían contactos con Javier y Karina Milei mediante acuerdos de confidencialidad y pagos en criptomonedas. También surgieron referencias a pagos mensuales de US$2.000 durante la etapa en que Milei era diputado y a una suma de US$4.000 vinculada con Karina.
Estos elementos se sumaron a la autorización de la reunión con Davis, las comunicaciones telefónicas y la mención de Karina en el borrador del acuerdo millonario.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados también examinó los vínculos y advirtió sobre posibles pagos indirectos a funcionarios públicos. Sin embargo, no se acreditó judicialmente que Karina Milei hubiera recibido dinero a cambio de facilitar el acceso al mandatario.
Uno de los principales cuestionamientos al cierre de la causa se relaciona con la reconstrucción incompleta de determinados movimientos financieros. Durante la investigación, la Justicia había ordenado congelar 25 billeteras de criptomonedas para identificar a sus beneficiarios y analizar transferencias entre billeteras vinculadas con el proyecto y plataformas de intercambio.
Parte de esa trazabilidad quedó inconclusa por respuestas parciales de compañías involucradas y limitaciones técnicas para utilizar determinadas herramientas de análisis financiero.
Por ese motivo, el cierre de la investigación dejó interrogantes sobre la identidad de todos los beneficiarios finales de los fondos que circularon alrededor del lanzamiento. La falta de una reconstrucción completa del dinero se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del expediente.
El desenlace judicial estuvo precedido por otras decisiones cuestionadas. En julio de 2026, Martínez de Giorgi apartó como querellantes a cinco inversores que denunciaban pérdidas económicas por $LIBRA. La Cámara Federal confirmó posteriormente esa decisión, que limitó su participación directa en la investigación.
Organizaciones como el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) habían reclamado que se avanzara con las declaraciones indagatorias de Milei y otros involucrados.
Finalmente, el fiscal Eduardo Taiano solicitó el sobreseimiento y el juez aceptó el pedido sin que los principales imputados hubieran sido indagados. La decisión cerró la causa en primera instancia, aunque el alcance definitivo del proceso dependerá de las eventuales revisiones judiciales que correspondan.
El fallo estableció que las pruebas reunidas no eran suficientes para atribuir los delitos investigados a Javier y Karina Milei. El magistrado entendió que los borradores no demostraban acuerdos efectivamente asumidos, que las reuniones con empresarios no acreditaban por sí mismas tráfico de influencias y que la promoción de un activo especulativo no bastaba para configurar una estafa.
La resolución también consideró que la publicación de Milei sobre $LIBRA correspondía a una actuación de carácter privado y no a un acto realizado en ejercicio de sus funciones presidenciales.
El sobreseimiento no significa que las comunicaciones, los documentos y los movimientos financieros incorporados al expediente no hayan existido, sino que el juez los consideró insuficientes para acreditar los delitos denunciados.
El caso deja así una pregunta central: si las pruebas reunidas no alcanzaron para sostener las acusaciones, ¿se agotaron todas las medidas necesarias para reconstruir el recorrido del dinero y esclarecer los vínculos económicos previos al lanzamiento de $LIBRA?
La controversia continúa abierta en el terreno político y público, mientras el expediente deja expuesta la tensión entre la exigencia de pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales y los cuestionamientos sobre la profundidad de la investigación.
