La prórroga de las concesiones hidrocarburíferas hasta 2041 ya está en vigencia y las empresas tienen 15 días hábiles para cumplir con el primer desembolso a la provincia.
TIERRA DEL FUEGO16/07/2025
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Con la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 1595, que formaliza la prórroga de concesiones sobre seis lotes hidrocarburíferos en la Cuenca Marina Austral 1, comenzaron a correr los plazos para que Total Austral, Wintershall y Pan American Energy depositen más de 18 millones de dólares en concepto de bono por prórroga, compensaciones y aportes por responsabilidad social. La medida se enmarca en el acuerdo que extiende la explotación de los yacimientos hasta 2041 y 2045, con compromisos de inversión por más de 500 millones de dólares.
La prórroga aprobada por la Legislatura provincial otorga a estas empresas la continuidad de la explotación de los lotes denominados Hidra, Cañadón Alfa-Ara, Antares, Kaus y Vega Pléyade hasta el año 2041, mientras que el lote Argo extenderá su concesión hasta 2045. La ley publicada habilita, además, una serie de beneficios para la Provincia, entre ellos un esquema de pagos que deberán realizarse en moneda local al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco Nación, que al momento de la oficialización se ubicaba en 1.280 pesos por dólar.
Del total a abonar, 5.183.815 dólares corresponden al bono por la prórroga de 10 años de las concesiones. A ello se suman 2 millones de dólares como primer tramo del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria, cuyo objetivo es financiar proyectos en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. Parte de ese fondo también contempla la contratación del servicio de internet satelital para 150 escuelas por un período de 24 meses, siempre y cuando el servicio esté disponible en la provincia. El resto del fondo, equivalente a 2,5 millones de dólares, deberá ser cancelado un año después de efectuado el primer pago.
En paralelo, el acuerdo obliga al consorcio petrolero a cancelar las primeras tres cuotas trimestrales del bono de compensación por la suspensión temporal del yacimiento Vega Pléyade. Este bono contempla un total de 35 millones de dólares, distribuidos en diferentes etapas. Durante 2025 resta una cuota por 3,3 millones de dólares, a la que se sumarán cuatro cuotas más en 2026 por un total de 11,775 millones y otras cuatro en 2027 por 8,825 millones de dólares. Estos pagos buscan equiparar la pérdida de ingresos por regalías que sufrió la Provincia tras la interrupción de la producción del yacimiento.
El acuerdo contempla además un aumento progresivo en el porcentaje de regalías que abonarán las empresas. A partir del 1 de octubre de 2040, los bloques Hidra, Antares, Cañadón Alfa-Ara y Kaus comenzarán a tributar un 18%, en lugar del 15% actual. El bloque Argo aplicará ese mismo porcentaje a partir del 1 de julio de 2044, mientras que Vega Pléyade incrementará su carga al 15% desde octubre de 2024.
Uno de los puntos más relevantes del convenio es el compromiso de inversión por parte del consorcio, que destinará hasta 2041 un total de 530 millones de dólares a distintas tareas. El objetivo es optimizar la producción de hidrocarburos, mantener y modernizar la infraestructura, garantizar estándares de seguridad, promover un uso racional del agua y asegurar la sustentabilidad de las operaciones. Se busca con ello sostener el nivel productivo tanto en campos maduros como en nuevos desarrollos.
En este marco, el acuerdo también habilita una participación estratégica de la Provincia. En caso de que el Gobierno o la empresa estatal Terra Ignis definan proyectos que requieran suministro de gas natural en firme, las petroleras deberán abrir negociaciones para vender hasta un 10% de la producción disponible. Esta disposición queda sujeta a la existencia de gas, a condiciones de precio equivalentes a las del mercado, y al cumplimiento de otros requisitos técnicos y contractuales.
La ley incluye una cláusula de estabilidad fiscal mediante la cual el Estado provincial se compromete a no aplicar nuevos tributos ni aumentar los existentes que graven a los concesionarios, salvo en el caso de tasas retributivas por servicios, contribuciones de mejoras o aumentos generales de impuestos. Con esto se busca dar previsibilidad a las inversiones y evitar cambios tributarios que puedan desincentivar el desarrollo de la actividad.
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