Tarifas: el Gobierno refuerza el control sobre los subsidios y lanza nuevo procedimiento para la recategorización

Con esta iniciativa, se busca ofrecer un procedimiento "ágil, transparente y con garantías", y reducir los actuales márgenes de error en la asignación de los beneficios.

Revisión de subsidios y control patrimonial

La medida también refuerza el control sobre la veracidad de las declaraciones juradas. En los casos en que se detecte información falsa o subdeclarada –como ocurre, por ejemplo, con usuarios registrados como de "bajos ingresos" que residen en barrios privados de alto poder adquisitivo–, la autoridad podrá excluirlos del beneficio y ordenar la refacturación retroactiva de los subsidios otorgados indebidamente, con intereses y posibles sanciones.

Para eso, se habilita a la Subsecretaría a cruzar datos con bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), ANSES y otras fuentes nacionales y provinciales, con el objetivo de detectar indicios de capacidad económica no declarada.

Además, se establecen nuevos indicadores patrimoniales que podrán ser utilizados para rechazar solicitudes o excluir a usuarios del padrón de beneficiarios, como parte del trabajo de focalización del régimen de subsidios.

Subsidios: qué cambia para los usuarios

• Los usuarios ya inscriptos en el RASE no necesitan reinscribirse, salvo que deban actualizar datos del grupo conviviente.

• Se habilitará una herramienta de consulta personalizada para conocer el nivel de subsidio asignado.

• Quienes deseen revisar su categorización podrán hacerlo a través de TAD, cargando documentación adicional si corresponde.

• Usuarios sin acceso digital podrán continuar haciendo el trámite en oficinas de ANSES.

La medida se dicta en el marco del Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, que comenzó en junio de 2024 y fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2025, con posibilidad de extensión.

Además, se enmarca en la emergencia energética nacional vigente hasta el 9 de julio y la emergencia pública en materia económica que rige hasta fines de 2025, según los decretos 55/2023, 70/2023 y 1023/2024.

"Se trabaja en resolver los errores de exclusión mediante la implementación de un mecanismo para la revisión de las categorías asignadas a los usuarios, la correcta focalización exige que se continúe trabajando en la reducción de los errores de inclusión", justificó el Gobierno.