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El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la reglamentación de una parte sustancial de la reforma laboral, mediante la publicación de cuatro decretos en el Boletín Oficial. La medida pone en marcha nuevas disposiciones que impactan en la negociación colectiva, el funcionamiento de los sindicatos, el formato de los recibos salariales y el régimen de indemnizaciones, entre otros aspectos del sistema de trabajo en Argentina.
A través de los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, el Poder Ejecutivo avanzó con la implementación de la Ley de Modernización Laboral, que introduce modificaciones estructurales en distintas áreas del empleo formal.
El principal decreto, el 407/2026, establece nuevas reglas para la negociación colectiva, redefine criterios para la vigencia de los convenios y fija mecanismos de control sobre las organizaciones sindicales. Además, dispone cambios en el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales y establece un nuevo modelo obligatorio de recibo de sueldo, que deberá detallar el costo laboral total del empleador.
Entre los puntos destacados, se incorpora la obligación de discriminar en los recibos conceptos como aportes sindicales, contribuciones a la seguridad social, obra social, PAMI y ART, entre otros componentes del costo laboral.
En materia sindical, la reglamentación introduce controles sobre la estructura de las organizaciones gremiales, incluyendo la verificación de la proporción entre directivos y afiliados, con cruces de datos a través del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También se establecen nuevas condiciones para el uso del crédito horario sindical, que deberá ser notificado con al menos 48 horas de anticipación.
Otro eje de la reforma es la digitalización laboral. La registración de trabajadores quedará centralizada en los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mientras que las licencias médicas deberán emitirse en formato electrónico mediante plataformas habilitadas.
En paralelo, el decreto 408/2026 reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones mediante un sistema de cuentas individuales administradas a través de fondos de inversión o fideicomisos supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El esquema comenzará a regir el 1 de noviembre de 2026.
Asimismo, el decreto 409/2026 crea el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que establece beneficios fiscales y condonaciones de deuda para empleadores que regularicen trabajadores no registrados, con reducciones que varían según el tamaño de la empresa.
Finalmente, el decreto 406/2026 introduce modificaciones en materia tributaria vinculadas al impuesto a las Ganancias, incluyendo exenciones para ingresos derivados del alquiler de viviendas a partir del período fiscal 2026.
Con estas medidas, el Gobierno avanza en la implementación integral de la reforma laboral, que impactará de manera directa en la estructura del empleo formal, la relación entre empleadores y sindicatos, y el sistema de compensaciones laborales en el país.
