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La causa judicial por las presuntas irregularidades en la adjudicación y comercialización de viviendas sociales de ATE llegará hoy a una instancia clave, cuando el Tribunal de Juicio en lo Penal de Ushuaia dé a conocer el veredicto contra los tres imputados.
La Fiscalía solicitó penas de prisión para Carlos Córdoba y Miguel Arana, mientras que pidió la absolución de Eric Moscoso Panozo por el beneficio de la duda.
La audiencia final del juicio oral y público comenzará a las 09:00h de la mañana, momento en el que los acusados tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras antes de que el Tribunal anuncie la resolución.
La investigación gira en torno a presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales correspondientes al programa de 128 unidades habitacionales ubicadas en el sector Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia.
Los principales imputados son Carlos Córdoba y Miguel Arana, a quienes el Ministerio Público Fiscal atribuyó participación en 22 hechos vinculados a presuntas estafas.
Durante los alegatos desarrollados el miércoles, el fiscal Daniel Curtale sostuvo que ambos acusados habrían perjudicado a distintas personas mediante maniobras vinculadas al acceso irregular a viviendas sociales. Por ese motivo, solicitó una pena de 4 años de prisión para cada uno.
Distinta fue la postura adoptada por la Fiscalía respecto de Eric Moscoso Panozo, quien llegó a juicio acusado por supuestas maniobras de lavado de activos. En este caso, Curtale pidió la absolución por el beneficio de la duda al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener una condena penal.
Las defensas rechazaron las acusaciones y reclamaron la absolución de los tres imputados.
La abogada Marisel Banegas, defensora de Carlos Córdoba, argumentó que no quedó acreditada la coautoría en los hechos investigados y sostuvo que las pruebas incorporadas durante el juicio no resultaron suficientes para configurar delitos de administración fraudulenta.
Por su parte, el defensor oficial José María Fernández López, representante legal de Miguel Arana, aseguró que la conducta atribuida a su defendido no constituye un delito penal. Incluso calificó la situación como una conducta “inmoral”, aunque negó que hubiera existido engaño o administración fraudulenta. De manera subsidiaria, pidió que, en caso de condena, se aplique la pena mínima prevista por la ley.
En relación con Moscoso Panozo, el abogado Rodrigo Guidi coincidió con el pedido de absolución formulado por la Fiscalía, aunque cuestionó que se fundara en el beneficio de la duda. Según sostuvo, no existen elementos que acrediten participación de su cliente ni vínculos con supuestas maniobras ilícitas.
Con los alegatos concluidos y las posiciones ya expuestas, el Tribunal quedó en condiciones de resolver una causa que generó fuerte repercusión por las denuncias vinculadas al acceso irregular a viviendas sociales en Ushuaia.
