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Un estudio académico presentado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) destacó el rol fundamental que tuvieron las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la prevención y asistencia frente al suicidio en Río Grande, en un contexto marcado por el aumento de casos y las limitaciones de respuesta institucional.
La investigación, desarrollada por la flamante licenciada en Ciencia Política Débora Villalba, analizó las políticas públicas implementadas entre 2019 y 2024 y concluyó que fueron las organizaciones comunitarias las que impulsaron un enfoque territorial y de acompañamiento en materia de salud mental.
El trabajo titulado “La Salud Mental en la agenda del gobierno local y el rol de las OSC: Políticas de prevención y asistencia al suicidio en la Ciudad de Río Grande (2019-2024)” fue presentado en el campus “Malvinas Argentinas” de la UNTDF.
La investigación tomó relevancia a partir del incremento de suicidios registrado en Tierra del Fuego entre 2021 y 2022, años en los que se contabilizaron 22 y 23 casos respectivamente, de los cuales 12 ocurrieron en Río Grande en cada período.
Ese escenario profundizó la preocupación social y evidenció dificultades en la capacidad de respuesta del Estado, tanto a nivel municipal como provincial. Frente a ello, distintas organizaciones comenzaron a intervenir activamente en tareas de prevención, contención y acompañamiento comunitario.
Entre las organizaciones mencionadas en el estudio aparecen “Mucho por Vivir”, “Integrando Lazos”, “Ni un Pibe Menos por la Droga” y “Bunker Vida”, consideradas actores centrales en la visibilización de la problemática y en la construcción de redes de apoyo ante la escasez de servicios de salud mental.
El estudio sostiene que, si bien el Municipio avanzó institucionalmente con la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, fueron las OSC las que lograron “transformar y orientar la agenda pública hacia un enfoque comunitario y territorial”.
Además, la investigación remarca que estas organizaciones no solo complementaron la acción estatal, sino que también ejercieron presión social y política para ampliar los dispositivos institucionales vinculados a la salud mental.
En el análisis normativo, el trabajo señala que Tierra del Fuego adoptó marcos nacionales mediante las leyes provinciales Nº 549, Nº 1052 y Nº 1227, esta última destinada a crear organismos de revisión y coordinación en políticas de salud mental y adicciones.
Sin embargo, la investigación advierte que varios de los mecanismos de participación previstos en esas normas nunca llegaron a implementarse plenamente. Tanto a nivel provincial como municipal, los consejos consultivos y espacios institucionales creados para integrar a organizaciones sociales permanecieron inactivos.
En el ámbito local, el informe recuerda que en 2019 fue aprobada una iniciativa para crear una Coordinación Municipal para la Prevención del Suicidio, aunque posteriormente fue vetada por el entonces intendente Gustavo Melella mediante el Decreto Nº 429/2019.
Posteriormente, durante la actual gestión municipal, se avanzó con la creación del Consejo Municipal de Salud Mental a través de la Ordenanza Nº 4418/2022. No obstante, el organismo tampoco llegó a funcionar.
La investigación concluye que la articulación entre el Municipio y las OSC existe, aunque muchas veces depende de vínculos informales más que de estructuras institucionalizadas. Asimismo, remarca que persisten desigualdades territoriales y falta de recursos para consolidar políticas sostenibles de prevención del suicidio.
Entre las conclusiones principales, el trabajo sostiene que la efectividad de las políticas públicas dependerá de que los mecanismos de participación ciudadana previstos en las normas puedan implementarse de manera concreta.
También plantea la necesidad de fortalecer el rol de las organizaciones civiles mediante capacitaciones y herramientas que les permitan ejercer plenamente sus derechos y obligaciones dentro del sistema institucional.
Finalmente, la investigación señala que uno de los principales desafíos continúa siendo la articulación entre provincia y municipio, especialmente ante la futura puesta en marcha del nuevo Centro Integral Provincial, que podría convertirse en un eje clave para coordinar protocolos, derivaciones y estrategias conjuntas de prevención.
