
Abogada de Carlos Córdoba aseguró que “no existe ninguna prueba” que vincule al dirigente con las maniobras investigadas
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Luego de la primera jornada del juicio oral por las presuntas maniobras fraudulentas vinculadas al plan de viviendas de ATE en Ushuaia, la abogada defensora de Carlos Córdoba, Marisel Banegas, salió públicamente a responder las versiones que surgieron tras la declaración de Miguel Arana y aseguró que no existe ninguna prueba concreta que comprometa al secretario general del gremio.
En diálogo con FM Centro TDF, la letrada cuestionó el tratamiento mediático que tuvo la audiencia y sostuvo que el testimonio brindado por Arana “prácticamente fue una confesión” respecto de las maniobras investigadas por la Justicia.
“Sería bueno que los medios escuchen todo el testimonio de Arana porque no tiene desperdicio. En realidad, el testimonio del día de ayer prácticamente fue una confesión de haber cometido todos los ilícitos que se están investigando en esta causa”, afirmó.
La defensora remarcó que Arana no declaró bajo juramento y que sus dichos respecto a una supuesta participación de Córdoba no cuentan con respaldo probatorio dentro del expediente judicial.
“El tema es que cuando él invoca que fue en nombre o representación de alguien, no existe ninguna prueba de que ello haya sido de esa manera”, sostuvo.
En ese sentido, Banegas aseguró que todas las operaciones denunciadas por los damnificados “empiezan y terminan” en Miguel Arana y negó que existan elementos concretos que vinculen a Córdoba con la recepción de dinero o bienes.
“No hay ninguna prueba que lo involucre al señor Carlos Córdoba”, enfatizó.
Durante la entrevista con FM Centro TDF, la abogada también respondió sobre una de las afirmaciones más resonantes de la declaración de Arana, quien aseguró haber llevado paquetes de dinero al domicilio de Córdoba.
“De eso no hay ninguna prueba. Es su palabra contra el aire, porque no hay ninguna prueba que conste en el expediente”, remarcó.
Asimismo, Banegas sostuvo que la acusación contra Córdoba se sostiene principalmente por el rol institucional que ocupaba dentro de ATE y no por evidencia concreta sobre una participación directa en las maniobras investigadas.
“Lamentablemente el señor Carlos Córdoba se encuentra involucrado en esta causa por ser el secretario general de ATE”, expresó.
La defensora también reveló que, según la postura de la defensa, fue el propio Carlos Córdoba quien impulsó el inicio de la investigación judicial tras detectar múltiples casos de afiliados damnificados.
“Esta investigación se origina a partir de la denuncia que realizó Carlos Córdoba después de haber atendido a varios damnificados”, explicó.
Según relató, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre los años 2014 y 2017, mientras que la denuncia fue presentada en 2018 cuando comenzaron a multiplicarse los reclamos de personas que aseguraban haber entregado dinero a cambio de acceder a una vivienda.
“Cuando cae en cuenta de que eran varias familias y que lamentablemente no se les podía dar una solución, había que hacer la denuncia”, señaló.
En otro tramo de la entrevista, Banegas sostuvo que Miguel Arana actuaba con autonomía dentro de la estructura sindical y que tenía responsabilidades propias como Secretario de Interior de ATE.
“Él tenía su secretaría independiente y tenía facultades y responsabilidades independientes. Él no dependía de lo que diga el señor Carlos Córdoba”, afirmó.
La letrada también indicó que los testimonios previstos durante las próximas audiencias serán claves para la estrategia de la defensa, ya que, según aseguró, los propios damnificados habrían reconocido que recién conocieron personalmente a Córdoba cuando comenzaron los problemas con la entrega de viviendas.
“Los damnificados conocen recién a Carlos Córdoba o saben de la existencia de Carlos Córdoba en 2018 cuando empiezan a entregar las viviendas y ellos no son convocados”, manifestó.
Respecto de las acusaciones vinculadas al lavado de activos, Banegas señaló que la investigación apunta a movimientos económicos y compras de maquinaria presuntamente realizadas por otros imputados de la causa.
“El Estado acusa a Arana y a Escobar por lavado de dinero porque empiezan a comprar maquinarias y no saben de dónde salió ese dinero”, explicó.
Finalmente, la defensora relativizó algunas declaraciones realizadas por Arana durante la audiencia vinculadas a presuntos episodios de violencia y cuestionó que se intentara generar sospechas sobre otras personas relacionadas con la causa.
El juicio continuará esta semana con la declaración de testigos y la producción de pruebas ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.


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