Causa Vialidad: La justicia ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por más de $684 mil millones

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de la defensa y habilitó la ejecución de la confiscación patrimonial en la causa Vialidad, que incluye inmuebles de la ex vicepresidenta y su familia.
NACIONAL24/04/202619640 Noticias19640 Noticias

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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió avanzar con el decomiso de bienes en el marco de la causa “Vialidad”, al rechazar los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó la medida que habilita la ejecución de un patrimonio valuado en $684.990.350.139,86, destinado a cubrir la pena impuesta en la causa por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución judicial establece que el listado de bienes a decomisar incluye más de un centenar de inmuebles ubicados principalmente en Santa Cruz, adquiridos entre 2004 y 2012, vinculados a la maniobra investigada en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En su fallo, la Cámara rechazó los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, que argumentaba una supuesta violación del principio de cosa juzgada. Sin embargo, el tribunal sostuvo que “los hechos investigados son distintos” a otros procesos previos, por lo que no corresponde aplicar ese criterio.

En el caso de Máximo y Florencia Kirchner, la Justicia desestimó el argumento de que los bienes provenían de una herencia legítima, al señalar que “la transmisión patrimonial a terceros no interrumpe la posibilidad de decomiso si existe nexo causal con el delito”.

Por su parte, Lázaro Báez y otros imputados también quedaron alcanzados por la resolución, mientras que algunos planteos fueron considerados prematuros por no existir aún perjuicio concreto en la ejecución de bienes.

Con esta decisión, la causa Vialidad avanza hacia la etapa de ejecución patrimonial, aunque los condenados aún pueden recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal.

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