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La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe crítico sobre la administración de un programa destinado a fortalecer el sistema de subsidios energéticos, y reclamó al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, explicaciones sobre el uso de USD 200 millones provenientes de un crédito internacional.
El organismo de control señaló distintas deficiencias vinculadas a la ejecución financiera del préstamo y al control interno administrativo contable, al advertir que no se encontró documentación suficiente que permita acreditar el destino de los fondos ni los mecanismos utilizados para verificar la correcta aplicación de los subsidios.
El dinero forma parte de un préstamo de USD 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo integrante del Banco Mundial, cuyo objetivo es mejorar los mecanismos de asignación de subsidios eléctricos.
Según el informe aprobado por el organismo, la principal observación estuvo vinculada a la falta de documentación respaldatoria sobre el desembolso realizado en diciembre de 2024.
La AGN indicó que el crédito ingresó a la Tesorería General de la Nación luego de que el BIRF diera por cumplidas las condiciones de entrada en vigencia del contrato.
Sin embargo, el organismo auditor cuestionó que, al cierre del período analizado, no estuvieran disponibles documentos considerados fundamentales para el seguimiento del programa.
Entre ellos mencionó la ausencia del Manual Operativo del Programa, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones aprobado por el BIRF y documentación vinculada a las cuentas bancarias destinadas al manejo de los fondos.
El proyecto auditado tiene como finalidad avanzar hacia un esquema de subsidios energéticos más focalizados, con herramientas que permitan identificar a los hogares que requieren asistencia.
Entre sus objetivos se encuentran:
El programa es ejecutado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, y contempla la participación de las distribuidoras EDENOR y EDESUR.
Uno de los puntos centrales del informe fue la advertencia sobre la falta de mecanismos que permitan comprobar si los subsidios otorgados efectivamente fueron aplicados en las facturas de los usuarios.
La AGN señaló que no pudo verificar la existencia de procedimientos específicos dentro de la Secretaría de Energía para controlar la implementación del beneficio.
Además, indicó que tampoco encontró documentación suficiente sobre los circuitos administrativos relacionados con adquisiciones, contrataciones, pagos y registros contables.
Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Economía señaló que la información estaba disponible a través de las empresas distribuidoras seleccionadas, EDENOR y EDESUR.
Según la respuesta oficial, las compañías contaban con los datos consolidados necesarios al momento de presentar la documentación.
Sin embargo, la explicación no conformó a la Auditoría, que mantuvo su recomendación de incorporar en cada solicitud de desembolso “la totalidad del sustento documental” que justifique el uso de los fondos.
Otro de los puntos señalados por la AGN estuvo relacionado con el funcionamiento del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
El organismo advirtió una falta de coordinación entre la Dirección de Información Energética y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de cuestionar la ausencia de un entorno adecuado para el desarrollo y mantenimiento de las tareas informáticas vinculadas al sistema.
El período auditado comprendió desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, mientras que la revisión de la documentación fue realizada entre abril y julio de 2025.
Hasta el momento del informe, el programa había ejecutado aproximadamente el 41% del préstamo total acordado de USD 500 millones.
La AGN remarcó que sus observaciones apuntan a mejorar los mecanismos de control y seguimiento del programa, con el objetivo de garantizar la correcta utilización de los recursos destinados a los subsidios energéticos.
