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En diálogo con El Diario del Fin del Mundo, el abogado especialista en derecho ambiental Lisandro Vázquez Jiménez, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), analizó la crítica situación de los rellenos sanitarios en Tierra del Fuego, marcada por restricciones logísticas, fiscales y falta de infraestructura para el reciclado. En su análisis, advirtió que la justicia ambiental debe ser fortalecida con mayor participación de la sociedad civil y una respuesta más comprometida del Poder Judicial.
En primer lugar, el abogado ambientalista Lisandro Vázquez Jiménez alertó sobre la creciente presión que enfrentan los rellenos sanitarios en Tierra del Fuego, debido a las limitaciones estructurales y fiscales que impiden un tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos e industriales "los rellenos sanitarios sobrecargados reflejan el aislamiento fueguino”, afirmó Vázquez Jiménez.
El especialista explicó que, a diferencia de otras provincias donde existen empresas dedicadas al reciclado y reutilización de residuos, Tierra del Fuego carece de infraestructura suficiente para un tratamiento integral. La situación se ve agravada por el régimen fiscal que impide trasladar ciertos residuos industriales fuera de la isla, debido a que esos productos ingresan con beneficios impositivos "por restricciones fiscales que impiden que los productos industriales salgan de la isla, los rellenos se sobrecargan. No es posible reutilizar ni reciclar buena parte de esos materiales dentro de Tierra del Fuego”, explicó.
Según Vázquez Jiménez, la planificación ambiental de la provincia debe reformularse para incorporar políticas de reciclado y tratamiento en origen que eviten el colapso del sistema "en otras provincias hay empresas de reciclado, pero en Tierra del Fuego es una opción sumamente acotada. Hace falta una planificación integral con incentivos claros”, señaló.
También subrayó el rol clave que debe asumir la sociedad civil y el Poder Judicial en el monitoreo y control ambiental "las organizaciones ambientales y los vecinos tienen la legitimación para exigir el cumplimiento de estándares de gestión de residuos. Y los tribunales deben evaluar si el derecho ambiental prevalece frente a intereses económicos o fiscales”, sostuvo.
En cuanto al sistema judicial, destacó los avances en legitimación activa en causas ambientales, permitiendo que las organizaciones sociales puedan aportar en calidad de “amicus curiae” y no solo como denunciantes "la jurisprudencia se ha ampliado y hoy las organizaciones pueden participar no solo como denunciantes, sino también como amicus curiae, aportando conocimiento técnico y científico a los expedientes”, explicó.
Sobre la actitud del Poder Judicial frente a los conflictos ambientales, Vázquez Jiménez reconoció disparidades entre jurisdicciones "depende de dónde te toque litigar. En algunos lugares hay jueces y fiscales con una mirada activa, y en otros se percibe una mayor pasividad. Pero el Acuerdo de Escazú promueve un cambio cultural en el que los jueces deben asumir un rol más dinámico”.
Por último, valoró los espacios de diálogo que involucran a distintos sectores en la búsqueda de una justicia ambiental más sólida "es muy valioso que el Poder Judicial, a través del Ministerio Público y con el acompañamiento de universidades, incorpore estos temas a la agenda institucional. Son pasos necesarios para construir una justicia ambiental efectiva y cercana a la sociedad”.
