Según los resultados, el 71,5% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la cesión de territorio para un enclave estadounidense, mientras que apenas un 21% se mostró a favor y un 7,5% respondió no saber.
TIERRA DEL FUEGO02/10/2025
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Un reciente estudio de opinión pública realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados expuso un amplio rechazo social a la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego, vinculada a un eventual acuerdo económico con el gobierno de Javier Milei.
Según los resultados, el 71,5% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la cesión de territorio para un enclave estadounidense, mientras que apenas un 21% se mostró a favor y un 7,5% respondió no saber.
La relación entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa continúa profundizándose, ahora con la atención puesta en la posible instalación de una base militar conjunta en el sur del país. Este proyecto, enmarcado en la creciente cooperación bilateral, se enmarca fortalecer la presencia estratégica en el Atlántico Sur y en la proyección hacia la Antártida. Mientras Washington refuerza su influencia en el Cono Sur frente al avance de China y Rusia, Buenos Aires apuestaría por consolidar su alineamiento con los aliados occidentales.
Un proyecto con proyección hacia el Atlántico Sur
El potencial proyecto de una base militar conjunta en Ushuaia genera tanto expectativas como controversias. Para el gobierno de Javier Milei, la iniciativa se inserta en el marco de la cooperación estratégica con Estados Unidos, destinada a fortalecer la defensa nacional y aumentar la presencia en territorios de importancia geopolítica.
Esta idea se suma a un proceso ya consolidado. En los últimos meses, Argentina selló acuerdos clave con Washington que incluyen la compra de F-16, blindados Stryker y la participación en ejercicios militares bajo estándares OTAN. Estos pasos no solo modernizan las capacidades de las Fuerzas Armadas argentinas, sino que además posicionan a Buenos Aires como socio estratégico en la región, en un escenario atravesado por la competencia global entre Estados Unidos y China.
Implicancias regionales y desafíos internos
La instalación de una base militar conjunta no es solo un movimiento técnico, sino una decisión con implicancias estratégicas y políticas. Para Washington, refuerza su presencia en el Cono Sur en un momento en que Pekín amplía su influencia en infraestructura, telecomunicaciones y cooperación militar en América Latina.
No obstante, el proyecto también enfrenta cuestionamientos internos. Para algunos sectores, significa un salto cualitativo en su política de defensa, al alinearse de manera más firme con la agenda de seguridad occidental y proyectarse como potencial socio global de la OTAN. Sectores críticos lo interpretan como una cesión de soberanía y un alineamiento automático con los intereses de Estados Unidos.
El legislador de Tierra del Fuego remarcó que en la campaña electoral se observa una carencia de proyectos concretos y aseguró que los fueguinos esperan propuestas claras para decidir a quién acompañar en las urnas.
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El senador nacional y candidato a la reelección por Provincias Unidas criticó duramente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado por excluir a las Islas Malvinas y a la Antártida Argentina en una publicación sobre el DNU 70/23, y lo acusó de “destruir el Estado”.
El candidato a diputado nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego presentó un proyecto que propone financiar los Juegos Evita con un aporte del 0,5% sobre entradas de eventos deportivos profesionales, para garantizar la participación equitativa de todas las delegaciones del país.
El director provincial de Seguridad Vial alertó sobre el grave estado de la Ruta Nacional Nº 3, marcada por baches profundos y sectores peligrosos que ponen en riesgo a conductores y transportistas.
Santiago Pauli aseguró que la industria fueguina mantiene estabilidad pese a las suspensiones temporales y criticó la instalación de miedo por parte de políticos y sindicalistas.
La nueva línea crediticia ofrece una tasa preferencial del 39,5% y plazos de hasta 48 meses, destinada a trabajadores de la Administración Central, Salud, Educación y Seguridad que mantienen deudas en mora.
