"Me pregunto por qué los K no aprobaron una ley de ʹFinanciamiento Universitarioʹ cuando eran gobierno"

El reciente veto del presidente Javier Milei a la llamada “Ley de Financiamiento Universitaria” ha despertado debates en todo el país. Desde Tierra del Fuego, el candidato a senador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, salió a respaldar la decisión presidencial con argumentos claros: esta ley, de haberse promulgado, ponía en riesgo el orden institucional y financiero de la Argentina.

Coto advirtió que aceptar la norma hubiera significado abrir la puerta a un escenario inédito: el Congreso convertido en paritario universal. Es decir, legisladores fijando aumentos salariales y condiciones laborales por encima de la negociación colectiva, sin considerar la disponibilidad real de recursos. “Si no la vetamos, se crea un precedente peligroso. Terminaríamos con un Congreso que actúa como paritario universal”, señaló. Esto no solo desvirtúa la función del Parlamento, sino que atenta contra el principio básico de la Ley de Administración Financiera, que exige claridad sobre la fuente de los recursos antes de asumir nuevas obligaciones.

El candidato libertario destacó que la ley imponía aumentos automáticos para docentes y no docentes universitarios, sin indicadores objetivos como cantidad de alumnos, tasa de graduación, infraestructura edilicia o necesidades regionales. En sus palabras, se trata de un error conceptual: el legislador no puede transformarse en juez y parte de la relación laboral, imponiendo por ley lo que corresponde a la negociación gremial y a la administración del Estado.

Lejos de desatender a las universidades, la gestión de Javier Milei fortaleció el financiamiento desde su inicio:

• Gastos de funcionamiento: mientras en 2023 el gobierno anterior mantuvo congeladas las transferencias pese a la inflación, desde diciembre de 2023 la actual administración aplicó un aumento extraordinario del 345%, garantizando el normal funcionamiento de las universidades.
• Salarios: entre enero de 2024 y mayo de 2025, los incrementos acumulados llegaron al 111%, siempre en línea con la pauta salarial de la Administración Pública Nacional. Además, se sumaron bonos fijos excepcionales y un 7,5% adicional para septiembre-noviembre de 2025.

Estos datos derriban el mito de un supuesto “desfinanciamiento”. Por el contrario, muestran una política de austeridad responsable que cuida los recursos del Estado sin desatender a la educación.

La Argentina necesita terminar con los atajos populistas que nos llevaron a la crisis. El Gobierno de Javier Milei, con el respaldo de referentes como Coto en Tierra del Fuego, está marcando un rumbo claro: orden fiscal, respeto a la institucionalidad y fin de los privilegios corporativos.