19640 Noticias
En diálogo con Radio Provincia, María José Pazos, referente de la Comisión de Personas con Discapacidad, cuestionó el veto del Gobierno Nacional a la ley de emergencia en discapacidad y advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales y provinciales en el acceso a derechos básicos.
“La verdad es que lo que vimos el lunes en los medios nacionales nos conmovió a todos. Fue el disparador para volver a reunirnos y hablar de lo que nos está pasando”, señaló. Denunció que las familias enfrentan una “burocratización permanente” por parte de las obras sociales, con “restricción de derechos tanto a nivel nacional como local”.
En Tierra del Fuego, indicó, “en octubre del año pasado había 5.800 personas con CUD y solo 1.900 son beneficiarios. No sabemos cuántas tienen la pensión nacional ni cuántas están esperando acceder a un beneficio, con todo lo que eso implica: salud, vivienda, educación, trabajo y acceso a la justicia”.
Pazos sostuvo que “hay personas esperando una pensión provincial y muchas veces solo acceden mediante un amparo, otorgadas por orden judicial. Si no hay acceso a la justicia, tenemos ciudadanos de primera y de segunda, y encima hablamos de uno de los sectores históricamente más vulnerados”.
En cuanto a las prioridades, remarcó: “Decimos no al veto de la emergencia en discapacidad, aumento del nomenclador para que se pague lo que corresponde a los prestadores, y aumento de las pensiones. No llegamos a 550 mil pesos por mes, ¿quién puede vivir con eso? No se puede recortar a los más sensibles”.
Pazos recordó que los derechos de las personas con discapacidad están garantizados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Están incumpliendo con todo lo que dicen esas convenciones. Sin libertad no hay derechos, sin dignidad no hay derechos, sin justicia no hay derechos. Por eso decimos no al recorte en discapacidad”, concluyó.
