Gobierno creó un megaorganismo para la luz y el gas y desreguló completamente el sector eléctrico

El Gobierno nacional unificó las tareas del ENRE y el Enargas y creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, un megaorganismo que buscará la "reorganización" del sector energético nacional, en el marco de la emergencia prorrogada en junio pasado.

La medida quedó establecida con el Decreto 452/2025 publicado este lunes 7 de julio en el Boletín Oficial y según aseguraron desde Economía, implica "un paso significativo" hacia la reorganización del sector energético.

Este nuevo organismo autárquico, que operará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, unifica las funciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y pretende simplificar las tareas administrativas del país.

La medida responde a los lineamientos establecidos en la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, que promueve la eficiencia y la adecuación a estándares internacionales en la supervisión de ambos sectores.

Con un plazo de 180 días para su implementación, el nuevo ente promete centralizar la regulación y mejorar la coordinación en un área clave para el desarrollo económico y social.

Gobierno desreguló el sector de la electricidad

A través del Decreto 450/2025, que aprueba las adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), el Gobierno nacional también definió las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico, que según afirman, "beneficiará al usuario y tendrá al sector privado como actor clave".

Este decreto, dictado en el marco del artículo 162 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, permitirá avanzar en el "proceso de lograr un mercado eléctrico competitivo, abierto y transparente", indicó la Secretaría de Energía.

En esa línea, recordaron que "durante 20 años el Estado había gastado más de 105.000 millones de dólares en sostener un sistema eléctrico ineficiente, manipulado y cerrado, que había desincentivado a la inversión".

"Esa etapa concluyó con este Gobierno y comenzó una nueva basada en la libertad, la competencia y en asegurar el suministro a largo plazo con mayor eficiencia", añadieron.

Las principales transformaciones que impulsa el decreto son:

Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y previsibles. El Estado solo podrá objetar operaciones por razones técnicas o de seguridad del suministro.
Se restablece y fortalece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013, para promover previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento e inversiones de largo plazo.
Se ratifica la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, garantizando que los consumidores puedan decidir con quién contratar su energía, sin obstáculos regulatorios ni trabas operativas.
Se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. Su factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados.
Se establecen múltiples alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, procurando la inversión privada, habilitando la libre iniciativa a propio riesgo.

Además, y de manera coordinada con el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que lleva adelante la Secretaría de Energía, el decreto fija un período de transición de 24 meses, durante el cual se deberá adecuar toda la normativa complementaria y garantizar una implementación gradual, ordenada y previsible de esta transformación.

"Así, el Gobierno Nacional le devuelve al sector eléctrico su verdadera esencia: una industria basada en la inversión privada, la autosuficiencia económico-financiera, las señales de mercado y la libertad de elección", sostuvieron desde el Gobierno.

Gobierno lanzó plan de ampliación del transporte eléctrico con inversión privada por u$s6.600 millones

La desregulación del sector eléctrico se vincula con otra medida reciente del Gobierno nacional, que estableció un listado de obras prioritarias en todo el país para para mitigar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que serán financiadas y ejecutadas por empresas privadas, a través del esquema de concesión de obra.

El plan incluye la incorporación 5.610 nuevos kilómetros de líneas, un 38,3% más que el actual, con una inversión de más 6.600 millones de dólares que permitirá asegurar el buen funcionamiento del SADI, mitigar los cortes de servicio y aliviar los cuello de botella producidos por la falta de inversiones acumulada en décadas.