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La investigación penal por los presuntos impedimentos a los controles ambientales provinciales en el Puerto de Ushuaia sumó nuevas medidas judiciales. El Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur dispuso notificar formalmente de sus derechos y garantías a Fernando Ariel Polizzi, identificado como la máxima autoridad local de la intervención federal, y aceptó la participación de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego como querellante. La causa busca esclarecer las circunstancias de las restricciones denunciadas y determinar si existieron responsabilidades penales.
El Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur resolvió notificar formalmente de sus derechos y garantías a Fernando Ariel Polizzi, en el marco de la investigación por los presuntos impedimentos al ingreso de inspectores ambientales provinciales al Puerto de Ushuaia.
La resolución fue dictada el 26 de octubre, en el expediente N.º 42.281/2026, y representa un nuevo avance en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por las restricciones denunciadas.
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, las conductas investigadas podrían encontrarse bajo el ámbito de actuación de la autoridad local de la intervención. Por ese motivo, se ordenó comunicar formalmente a Polizzi las garantías constitucionales que le corresponden frente a su eventual vinculación con los hechos.
La medida no implica una declaración de culpabilidad ni determina la existencia de un delito. Su finalidad es garantizar los derechos legales de la persona alcanzada por la investigación mientras avanza el esclarecimiento de lo ocurrido.
Para cumplir con la notificación, el juzgado encomendó la tarea a la División Delitos Complejos de Ushuaia, que podrá requerir la colaboración de la Prefectura Naval Argentina si fuera necesario.
Otro de los puntos relevantes de la resolución fue la aceptación de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego como parte querellante en la causa penal.
La incorporación del organismo provincial responde a una presentación realizada por el fiscal de Estado, Virgilio Juan Martínez de Sucre, quien solicitó intervenir en el proceso ante la posible afectación de las atribuciones provinciales de fiscalización ambiental.
A partir de esta decisión, la Fiscalía de Estado podrá ejercer las facultades procesales correspondientes a su condición de querellante y participar activamente en el impulso de la investigación, dentro de los alcances previstos por la normativa vigente.
La intervención del organismo se fundamenta en la necesidad de esclarecer si las restricciones denunciadas afectaron las competencias de la Provincia para realizar inspecciones, auditorías y verificaciones ambientales en las instalaciones portuarias.
La investigación se inició a partir de las denuncias sobre presuntos impedimentos al ingreso de personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial al Puerto de Ushuaia.
Según lo planteado en las presentaciones judiciales, los funcionarios provinciales buscaban realizar tareas de inspección, auditoría y fiscalización ambiental dentro de la terminal, pero habrían encontrado restricciones para desarrollar esas actividades.
Ante esa situación, la Fiscalía de Estado solicitó inicialmente una medida de registro de las instalaciones con el objetivo de garantizar el ingreso del personal técnico y permitir el cumplimiento de sus funciones.
El requerimiento fue analizado en el marco de las actuaciones penales y dio lugar a pedidos de información complementaria, que fueron respondidos por las autoridades de la Secretaría de Ambiente provincial.
Estos antecedentes forman parte de los elementos que deberán evaluarse para establecer cómo ocurrieron los hechos, qué decisiones se adoptaron y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en los impedimentos denunciados.
La investigación deberá establecer quiénes dispusieron, ejecutaron o permitieron los presuntos impedimentos a los controles ambientales y bajo qué instrucciones habrían actuado.
En ese contexto, las actuaciones también contemplarían el análisis de posibles responsabilidades de otras personas vinculadas con la intervención portuaria, entre ellas el dirigente sindical Juan Avellaneda, según la información difundida sobre la causa.
Sin embargo, la eventual vinculación de distintas personas con los hechos deberá ser evaluada a partir de las pruebas y las medidas que se incorporen al expediente.
El objetivo central de la investigación es reconstruir las circunstancias de lo ocurrido y determinar si las conductas denunciadas podrían constituir delitos, además de establecer si existieron responsabilidades de otra naturaleza.
Con las nuevas medidas, la Justicia busca profundizar la investigación sobre los presuntos impedimentos al ejercicio de los controles ambientales provinciales en el Puerto de Ushuaia.
La notificación de derechos y garantías a Polizzi y la incorporación de la Fiscalía de Estado como querellante constituyen avances procesales dentro de una causa que todavía debe esclarecer los hechos denunciados.
Hasta el momento, no se han establecido responsabilidades penales. La determinación de eventuales delitos y de las personas responsables dependerá del resultado de las diligencias judiciales y de la evaluación de las pruebas reunidas durante el proceso.
