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En comunicación con FM Radio del Pueblo, el abogado patrocinante Manuel Raimbault cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia y sostuvo que el procedimiento es ilegal e inconstitucional. Además, denunció impedimentos para el ingreso de trabajadores y organismos de control, planteó una situación de discriminación sindical y reclamó que se esclarezca el manejo de los recursos provinciales y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El abogado patrocinante Manuel Raimbault cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia y advirtió sobre sus consecuencias institucionales, laborales y económicas. Sostuvo que la medida es “absolutamente ilegal e inconstitucional” y afirmó que, según su interpretación, el procedimiento estuvo acompañado por acciones materiales que limitaron el funcionamiento habitual del organismo provincial.
“En el caso de la intervención del puerto, lo que existe es un comportamiento material, o sea, hechos por los cuales de hecho se tomó el puerto de Ushuaia”, manifestó. Según explicó, esa ocupación se habría producido antes de que el acto administrativo de intervención tuviera efectividad.
Raimbault señaló que, una vez asumido el control del predio, se establecieron restricciones que, según su relato, impiden el ingreso de trabajadores, funcionarios y organismos encargados de fiscalizar distintas actividades.
En ese sentido, mencionó obstáculos para que los empleados puedan ingresar a trabajar, los funcionarios accedan a sus despachos y los organismos de control ejerzan sus funciones. También denunció limitaciones para consultar expedientes administrativos y acceder a información vinculada con el funcionamiento del puerto.
“Si una organización se apodera de los hechos de un puerto que es el dominio público provincial, y a través de ese apoderamiento impide la información, impide el trabajo, impide el control, impide la actuación del Estado provincial y se apodera de sus recursos, a mí me cuesta encontrarle algún elemento, algún requisito que diga ‘Bueno, la verdad, eso es una organización estatal’”, expresó.
El abogado sostuvo que la situación excede una discusión administrativa y planteó que el caso interpela a las instituciones y a la sociedad fueguina. Además, advirtió sobre lo que consideró una modalidad de intervención estatal con características autoritarias.
Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en la situación laboral y sindical dentro del puerto de Ushuaia. Raimbault afirmó que, desde la intervención, existirían restricciones para el ingreso de trabajadores y representantes gremiales que no adhieren al esquema vigente: “En el puerto no puede entrar ningún trabajador, ni sindicato, ni existe la posibilidad de tener nada, absolutamente nada, de actividad sindical, si no es con la anuencia o la explícita adhesión al modelo de intervención”, sostuvo.
Según el abogado, los únicos trabajadores que podrían ingresar serían integrantes de un sindicato que, de acuerdo con su relato, estuvo vinculado con la denuncia que derivó en la intervención. También afirmó que integrantes de esa organización pasaron a desempeñarse como funcionarios de la intervención.
Para Raimbault, esta situación configura una presunta discriminación sindical, dado que en el organismo coexistían distintas representaciones gremiales: “¿Por qué razón en una entidad, en un organismo en donde coexistían y conviven varios sindicatos, a partir de la intervención solamente uno puede actuar?”, cuestionó.
En ese marco, consideró que las restricciones denunciadas deben ser verificadas y planteó que una inspección judicial en el lugar permitiría constatar las condiciones de ingreso y la situación de los trabajadores.
Raimbault también puso el foco en el aspecto económico de la intervención y sostuvo que existen intereses vinculados con la administración de los recursos del puerto: “Lo que ha sucedido en los hechos es que una organización estatal nacional, que además delega la administración de todos los recursos a una entidad disuelta, porque aclaro que ni siquiera es tan digna que está manejando el dinero, es una entidad que acaba de ser disuelta el año pasado, y que se apropió de 25 mil millones de pesos de la provincia de Tierra del Fuego”, afirmó.
El abogado consideró que no se puede analizar el conflicto sin contemplar los intereses económicos que, a su entender, están detrás de la medida. También señaló que la próxima temporada alta de cruceros podría incrementar la relevancia de los recursos vinculados con la actividad portuaria: “Me llama la atención que nadie pueda explicar cómo se están manejando 25 mil millones de pesos”, manifestó al referirse a la administración de esos fondos.
En cuanto a una posible salida al conflicto, Raimbault sostuvo que deberían cumplirse dos objetivos: establecer condiciones de legalidad en el funcionamiento del puerto y determinar las responsabilidades por lo sucedido: “Yo creo que la resolución de esto tiene que terminar con dos cosas: primero, con la necesidad de establecer un piso de legalidad de actuación, pero la segunda es la imposición de responsabilidades ulteriores. No podemos terminar esta situación sin revisar lo que nos sucedió”, afirmó.
Consultado sobre la actuación del Juzgado Federal de Ushuaia, Raimbault valoró que la causa avance, aunque consideró que el trámite podría haber sido más rápido y señaló que las medidas cautelares todavía no habían sido resueltas al momento de la entrevista: “Yo tengo que valorar positivamente que el Juzgado está avanzando la causa. A mi entender, hubiese podido haber seguido, por lo menos, un trámite más expedito, aunque tampoco se han resuelto las medidas cautelares”, expresó.
El abogado reconoció que la discusión judicial puede presentar dificultades, pero sostuvo que las instituciones competentes deben pronunciarse sobre las consecuencias de la intervención y su impacto en las relaciones laborales y en el sistema federal.
Finalmente, describió las restricciones que, según denunció, existen dentro del predio portuario como una limitación de las garantías y los derechos vigentes: “Es una especie, cuando uno entra a Ushuaia e intenta pasar esa barrera en el puerto, si lo van a pasar, esa barrera, bueno, ahí hay una especie de estado de sitio donde se suspenden todas las garantías constitucionales. Ahí queda en manos y hasta la voluntad del interventor, que va a hacer en ese lugar lo que quiera”, concluyó.
