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En comunicación con FM Radio del Pueblo, el abogado Manuel Raimbault, quien representa a un grupo de trabajadores del Puerto de Ushuaia y a integrantes de un sindicato, se refirió a la situación judicial derivada de la intervención de la terminal portuaria. El letrado cuestionó la prohibición de ingreso de empleados, denunció hechos de violencia laboral y sostuvo que la demanda presentada obliga ahora al organismo nacional a dar explicaciones ante la Justicia.
Raimbault confirmó que el tribunal ya ordenó el traslado de la demanda presentada en representación de los trabajadores afectados. Según explicó, la ANPyN cuenta con un plazo de cinco días para responder al planteo judicial y dar su versión sobre las decisiones adoptadas tras la intervención.
“El tribunal ha ordenado el traslado de la demanda, así que se consumó el día antes de ayer. Le dieron cinco días a ANPyN para que conteste la demanda y me parece que es sumamente interesante porque va a ser la primera vez que el organismo nacional está obligado a justificar esta actuación”, afirmó.
El abogado aclaró que su presentación se realiza desde una perspectiva estrictamente laboral. En ese sentido, explicó que el planteo busca analizar las consecuencias que tuvo la intervención sobre los trabajadores que, de un día para otro, quedaron impedidos de ingresar a sus puestos laborales.
En ese marco, el letrado sostuvo que uno de los principales cuestionamientos presentados ante la Justicia está relacionado con el ingreso al puerto y la posterior restricción impuesta a determinados trabajadores: “El ingreso por la fuerza al puerto y luego de ello la prohibición de ingreso de los trabajadores e impedir materialmente la actividad sindical en el puerto” son parte de los hechos denunciados, señaló.
Según indicó, estas situaciones también tienen consecuencias sobre las condiciones económicas de los empleados y la vigencia de los convenios colectivos. Por ese motivo, afirmó que el planteo judicial incorpora el concepto de violencia laboral, tomando como referencia el Convenio 190 de la OIT.
Para Raimbault, lo que ocurre actualmente en el Puerto de Ushuaia representa una situación de extrema gravedad: “Lo que se está haciendo en el puerto de la provincia de Tierra del Fuego es la privatización por la fuerza y de hecho, sin ningún marco normativo”, sostuvo.”
El abogado aseguró que la prohibición de ingreso no afecta solamente la presencia física de los trabajadores dentro del Puerto de Ushuaia, sino también el ejercicio de sus funciones administrativas y de control. En ese marco, explicó que esta situación forma parte de los argumentos expuestos ante el tribunal: “Hay una lista negra, así lo estamos planteando en el juzgado, por el cual se le da una orden ilegal a una fuerza de seguridad para que no deje entrar a todos aquellos que tengan esa posibilidad”, manifestó Raimbault.
Asimismo, advirtió que la exclusión de empleados que intervenían en expedientes, controles y procesos administrativos puede afectar los mecanismos internos de fiscalización: “Un empleado público interviene en expediente, controla los procesos, audita sobre la legalidad”, expresó.
En ese sentido, vinculó la estabilidad de los trabajadores estatales con la necesidad de garantizar que la administración pública no quede sometida exclusivamente a quienes ocupan circunstancialmente cargos de conducción.
Otro de los cuestionamientos planteados por el abogado tiene relación con la administración de los recursos generados por el Puerto de Ushuaia. Raimbault sostuvo que solicitaron información sobre el destino de esos fondos y cuestionó la respuesta obtenida: “Lo que se está produciendo es un vaciamiento deliberado patrimonial del puerto”, afirmó. Según relató, al consultar sobre el destino de los recursos, recibieron como respuesta que serían gestionados por la Administración General de Puertos.
Raimbault cuestionó esa situación y señaló que, según su interpretación, se trata de una estructura que actualmente se encuentra disuelta: “¿Quién está gestionando el puerto? Una sociedad que no lo puede hacer, sin ningún tipo de control ni competencia”, expresó.
El abogado sostuvo que existen interrogantes sobre el manejo de los recursos y afirmó que se encuentran revisando las distintas actuaciones vinculadas con el proceso de intervención. En ese contexto, mencionó una cifra de 25.000 millones de pesos, sobre la cual reclamó explicaciones acerca de su futura rendición.
Más allá del reclamo laboral, Raimbault remarcó la importancia estratégica que tiene el Puerto de Ushuaia para Tierra del Fuego: “El puerto es nuestra identidad. Nosotros somos una isla, no hay ninguna posibilidad de pensarse territorialmente, autónomamente, en una isla sin puerto”, sostuvo.
Para el abogado, la situación obliga también a una discusión institucional dentro de la provincia. Consideró que, frente a un conflicto de esta magnitud, es necesario analizar las respuestas de los distintos sectores y organismos: “Por sobre nuestras problemáticas financieras, presupuestarias y económicas, nosotros tenemos una gran dificultad institucional, y si no resolvemos primero eso, no vamos a resolver lo demás”, expresó.
Finalmente, confirmó que la ANPYN deberá contestar la demanda durante los próximos días. En caso de que el organismo no responda, Raimbault adelantó que solicitarán al tribunal que los hechos expuestos sean tenidos por reconocidos. “Van a tener que explicarlo”, concluyó el abogado, al señalar que esperan la contestación judicial del organismo nacional durante la próxima semana.
