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A nueve meses de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, dispuesta por el Gobierno de Javier Milei, una ausencia política continúa generando interrogantes: la del intendente de la capital fueguina, Walter Vuoto. Mientras el gobernador Gustavo Melella y los intendentes Martín Perez y Daniel Harrington se pronunciaron en defensa de las atribuciones provinciales, no se identifica una postura pública igualmente contundente del jefe comunal de Ushuaia frente a una medida que afecta directamente a su ciudad.
Desde que comenzó la intervención, el conflicto trascendió la discusión administrativa. Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos quedaron impedidos de ingresar a sus lugares de trabajo y comenzaron a reclamar por su situación laboral, mientras Tierra del Fuego inició acciones para recuperar la administración de una infraestructura estratégica para el turismo, el comercio y la actividad logística.
En ese escenario, el silencio de Walter Vuoto resulta particularmente llamativo. No se trata de un dirigente ajeno a las discusiones nacionales. Por el contrario, el intendente de Ushuaia ha cuestionado públicamente distintas políticas económicas del presidente Javier Milei y se ha pronunciado en defensa de trabajadores afectados por conflictos laborales.
Sin embargo, frente a la intervención del principal puerto de la ciudad que administra, no se encontraron declaraciones públicas de similar contundencia contra la decisión nacional ni un respaldo sostenido a los trabajadores portuarios desplazados.
El cuestionamiento no es nuevo. En mayo, trabajadores del puerto hicieron pública una carta en la que reprocharon al intendente su falta de acompañamiento. Posteriormente, en septiembre, volvieron a reclamar una participación más activa del jefe comunal en la defensa de la terminal portuaria.
La diferencia entre sus intervenciones públicas también quedó expuesta durante el conflicto laboral de Mirgor en Río Grande. En aquella oportunidad, Vuoto difundió cartas abiertas, cuestionó las desvinculaciones y manifestó su solidaridad con los trabajadores metalúrgicos.
“Ushuaia no mira para el costado. Esta no es una pelea de otra ciudad. Es de toda Tierra del Fuego”, expresó entonces el intendente.
Aquellas palabras plantean hoy un interrogante inevitable: si los conflictos laborales de otras ciudades merecen pronunciamientos públicos del jefe comunal, ¿por qué no se observa el mismo nivel de intervención política frente a la situación de los trabajadores del Puerto de Ushuaia?
La controversia adquirió una nueva dimensión durante los últimos días, cuando la Justicia intervino para garantizar el ingreso de personal técnico provincial a las instalaciones portuarias y permitir la realización de inspecciones ambientales que habían encontrado obstáculos por parte de las autoridades nacionales.
Tras el procedimiento judicial, el gobernador Gustavo Melella volvió a cuestionar la intervención nacional y a reclamar la restitución de la administración del puerto a Tierra del Fuego.
Por su parte, el intendente de Río Grande, Martín Perez respaldó el avance judicial y destacó la importancia de respetar las competencias provinciales, al considerar que la defensa de la autonomía fueguina debe estar por encima de las diferencias políticas.
En la misma línea, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, celebró que las autoridades provinciales pudieran avanzar con los controles ambientales y sostuvo que las atribuciones de cada provincia deben ser respetadas.
De esta manera, el gobernador y los intendentes de Río Grande y Tolhuin volvieron a coincidir públicamente en torno a una cuestión institucional que afecta a toda Tierra del Fuego. En contraste, no se identificó un pronunciamiento equivalente de Vuoto tras el procedimiento.
La situación adquiere especial relevancia porque el Puerto de Ushuaia es una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego. Se trata de una de las principales puertas de ingreso del turismo internacional, una terminal fundamental para la temporada de cruceros y un punto clave para la actividad económica y logística de la provincia.
Tampoco puede quedar relegada la situación de los trabajadores. Durante estos meses, representantes gremiales denunciaron que decenas de empleados permanecían sin poder ingresar a sus puestos, en medio de la incertidumbre sobre sus condiciones laborales y el futuro de la administración portuaria.
Es importante señalar que la falta de pronunciamientos públicos identificados no demuestra que Vuoto respalde la intervención nacional. Sin embargo, sí permite plantear una crítica política sobre la ausencia de una posición explícita y sostenida frente a una decisión que afecta directamente a Ushuaia.
A nueve meses de la intervención, el contraste entre las declaraciones del intendente contra distintas políticas nacionales y su escasa exposición pública frente al conflicto portuario deja una pregunta abierta: ¿cuál es la posición concreta de Walter Vuoto respecto de la intervención del Puerto de Ushuaia y del reclamo de los trabajadores que esperan regresar a sus puestos?
Mientras el Gobierno provincial mantiene su reclamo para recuperar la administración de la terminal y continúa la controversia judicial, esa definición pública sigue siendo una respuesta pendiente.
