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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, volvió a cuestionar la intervención del Puerto de Ushuaia y reclamó que se restituyan las competencias provinciales sobre la terminal portuaria. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario sostuvo que el conflicto excede una discusión sobre la gestión del puerto y apuntó contra lo que considera un avasallamiento de la autonomía fueguina. Además, pidió que la Justicia avance en el esclarecimiento de los hechos y de los intereses que motivaron la decisión.
El gobernador Gustavo Melella volvió a expresar su rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia y puso el foco en la defensa de las atribuciones de Tierra del Fuego sobre una infraestructura que considera estratégica para el desarrollo provincial.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el mandatario sostuvo que la discusión nunca estuvo centrada en la administración provincial de la terminal, sino en las facultades que le corresponden a la jurisdicción fueguina.
"Como dijimos desde el primer día: el problema nunca fue la gestión provincial del puerto de Ushuaia, sino el avasallamiento de las facultades de Tierra del Fuego", expresó.
De esta manera, Melella reiteró su cuestionamiento a la decisión de intervenir la terminal portuaria y planteó que la medida representa, desde su perspectiva, un desconocimiento de las competencias que corresponden a la Provincia.
En su publicación, el gobernador también destacó la importancia estratégica del Puerto de Ushuaia para Tierra del Fuego, tanto por su ubicación geográfica como por su relevancia económica, logística y vinculada con la actividad marítima.
En ese sentido, sostuvo que la discusión debe contemplar el respeto por el federalismo y las atribuciones provinciales: "El puerto es soberanía, desarrollo y futuro. No se puede hablar de federalismo mientras se desconocen las atribuciones de la Provincia, bajo pretextos infundados y sin sustento", manifestó.
El mandatario volvió así a plantear que la controversia no debe limitarse a una cuestión administrativa, sino que involucra la autonomía de Tierra del Fuego y su capacidad de decisión sobre una infraestructura considerada fundamental para su desarrollo.
Otro de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con la intervención de la Justicia. Melella reclamó que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en la decisión de intervenir el puerto y que se investiguen los intereses que, según planteó, podrían encontrarse detrás de esa determinación: "La Justicia debe avanzar, esclarecer los hechos y los intereses que están detrás de la determinación que atacó directamente la autonomía provincial, sus derechos y competencias", sostuvo.
El planteo del gobernador apunta a que se analicen los fundamentos de la intervención y las consecuencias institucionales que, desde la posición del Ejecutivo fueguino, tiene la medida sobre las facultades de la Provincia.
En el tramo final de su publicación, Melella fue contundente al reiterar su reclamo para que finalice la intervención y se restituyan las competencias provinciales sobre la terminal portuaria: "La intervención federal debe terminar. Es hora de devolverle a Tierra del Fuego lo que le corresponde: la capacidad de decidir sobre su propio puerto", expresó.
El mandatario insistió en que la discusión central pasa por el reconocimiento de los derechos y atribuciones de la jurisdicción fueguina sobre la infraestructura: "La discusión de fondo siempre fue otra: defender las facultades de Tierra del Fuego y los derechos de la Provincia sobre una infraestructura estratégica para nuestro desarrollo", concluyó.
Las declaraciones de Melella vuelven a poner en primer plano el conflicto institucional por el Puerto de Ushuaia y la discusión sobre las competencias de la Provincia frente a la intervención federal.
El reclamo del gobernador se centra en recuperar la capacidad de decisión sobre la terminal y en que se esclarezcan los fundamentos de la medida.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo fueguino sostienen que la cuestión trasciende la administración cotidiana del puerto y compromete aspectos vinculados con el federalismo, la autonomía provincial y el control de una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego.
