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La ANPyN vuelve a quedar bajo cuestionamiento tras un informe difundido por C5N que expuso inconsistencias en los movimientos financieros, escasas inversiones y falta de respuestas sobre el destino de los recursos que genera el puerto de Ushuaia, una de las principales terminales turísticas y logísticas del Atlántico Sur.
La investigación realizada por la periodista Felicitas Bonavitta, presentada en el programa de Gustavo Sylvestre, puso el foco en los datos económicos proporcionados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a partir de pedidos de acceso a la información pública.
Entre los principales hallazgos, el informe identificó movimientos bancarios por $3.800 millones que no aparecen reflejados como gastos en la documentación entregada. Parte de los registros bancarios suministrados se encuentran desactualizados desde julio, lo que impide reconstruir con claridad la administración de los fondos.
Otro de los datos relevantes es que menos del 1% de los recursos se habría destinado a equipamiento e infraestructura, pese a que las supuestas deficiencias operativas fueron utilizadas por el Gobierno nacional como argumento para intervenir el puerto en enero pasado.
El relevamiento también expuso la falta de respuestas a consultas sobre contrataciones, licitaciones, salarios y movimientos financieros. A esto se suma la situación de los 85 trabajadores que quedaron fuera de la operatoria de la terminal, sin que el organismo nacional haya explicado públicamente los criterios utilizados, según señaló C5N.
La falta de transparencia señalada por la investigación se produce además en medio de un nuevo escenario judicial. La Justicia provincial ordenó el allanamiento del Puerto de Ushuaia para garantizar las inspecciones ambientales que habían sido impedidas por las autoridades nacionales, en el marco de actuaciones vinculadas con el manejo de residuos peligrosos y posibles riesgos de contaminación.
El director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, y el interventor Fernando Ariel Polizzi quedaron imputados por presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público y obstaculización de las tareas de fiscalización.
Mientras se aproxima una nueva temporada de cruceros, persisten los interrogantes sobre la administración de los recursos, las inversiones realizadas y la continuidad de la intervención nacional, cuyo plazo inicial vence en enero.
La Provincia, por su parte, mantiene su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para recuperar la administración del puerto y restablecer el ejercicio pleno de sus facultades sobre una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego.
