El Gobierno nacional desmiente presencia militar de EE.UU. en Ushuaia

En el marco del Informe Nº 143 presentado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Cuestión Malvinas ocupó un lugar central en la agenda nacional, con definiciones clave sobre soberanía, acciones diplomáticas, defensa y recursos naturales. El documento también incluyó referencias específicas a Tierra del Fuego, al rechazar rumores sobre presencia militar extranjera en Ushuaia, confirmar que el radar de Tolhuin está inactivo y destacar la construcción de la Base Naval Integrada como parte de una estrategia nacional para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La respuesta gubernamental enfatiza que la soberanía sobre las islas es un derecho legítimo e imprescriptible de la Argentina, y que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. No obstante, una frase incluida en el informe generó cierta controversia: se indicó que el ejercicio de la soberanía debe alcanzarse “respetando tanto el modo de vida de los habitantes como los principios del derecho internacional”. La redacción fue interpretada por algunos sectores como ambigua, por dar lugar al argumento británico sobre la autodeterminación de los isleños. Sin embargo, el propio informe aclaró que la población fue implantada por el Reino Unido, y que por ende ese principio no aplica, conforme a lo estipulado en la Resolución 2065 de Naciones Unidas.

En lo que refiere a acciones concretas, el Gobierno explicó que mantiene una política activa de monitoreo y protesta frente a las decisiones unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sur. Entre ellas, mencionó la exploración petrolera en áreas en disputa, la creación de un área marina protegida sin consentimiento argentino, la instalación de un nuevo puerto en Puerto Argentino, visitas oficiales británicas a las islas y el lanzamiento de un concurso escolar sobre las “Falkland Islands”. También se mencionó que, en julio de 2024, se presentó una nota formal de protesta contra la empresa Navitas Petroleum por intentar avanzar sobre la plataforma continental argentina, y se recordó que esa firma fue declarada inhabilitada por operar en territorio nacional de forma clandestina.

El documento también acusa al Reino Unido de explotar, de manera ilegal, hasta 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros y más de 700 millones de barriles de petróleo en la zona disputada. Por esa razón, el Consejo Federal Pesquero aplicó sanciones a empresas que operen en doble caladero, en el marco del artículo 27 bis de la Ley 24.922. A su vez, se indicó que la Armada Argentina y la Prefectura Naval ejercen vigilancia activa en la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus áreas adyacentes, donde operan buques con licencias emitidas por el gobierno ilegítimo de las islas, bajo banderas de países como Reino Unido, España, Taiwán, Corea del Sur y Vanuatu.

Desde mediados de 2024, según el informe, se puso en marcha una estrategia interministerial coordinada por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, que involucra a Cancillería, Defensa, Pesca y otras áreas. Este plan apunta a reforzar la cooperación con países como Chile, Uruguay, China y Ecuador, establecer zonas de amortiguamiento y aplicar monitoreo satelital obligatorio para controlar la actividad en la región.

En relación con la situación en Tierra del Fuego, el Gobierno nacional negó la existencia o instalación futura de una base de submarinos extranjeros en Ushuaia. Aseguró que cualquier acuerdo de cooperación en materia de defensa se tramita conforme a la legislación vigente y con conocimiento del Congreso. En ese sentido, reafirmó que el proyecto de la Base Naval Integrada Ushuaia es de origen y control nacional, previsto desde 2010 y concebido como parte de una política soberana, científica y logística, alejada de intereses extranjeros.

Asimismo, se abordó la polémica en torno a la instalación del radar LEOLABS en Tolhuin. El informe señala que el radar se encuentra inactivo, en proceso de auditoría, y que su habilitación tuvo lugar durante el gobierno anterior, bajo condiciones técnicas que hoy se consideran deficientes. El Gobierno evalúa su suspensión definitiva.

Por último, se reiteró que la presencia militar británica en las Islas Malvinas continúa siendo rechazada por numerosos foros internacionales como MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. En particular, se denunció la existencia de una base militar en Monte Agradable, la realización de ejercicios bélicos y lanzamientos de misiles por parte del Reino Unido, todos ellos objeto de protestas formales por parte de la Cancillería argentina. El informe concluye que sostener la defensa de la soberanía sobre Malvinas requiere de políticas firmes, coherentes y transparentes, alejadas de alarmismos y relatos infundados.