Represión en el Hospital de Río Grande: A 23 años del ataque inédito a los trabajadores de la salud

Hace 23 años, una manifestación por mejores condiciones laborales en el Hospital Regional de Río Grande se convirtió en un episodio de violencia extrema cuando fuerzas policiales, bajo la orden del ex juez Alberto Aragone, atacaron con balas de goma y gases lacrimógenos a los trabajadores dentro del mismo hospital. Este hecho, nunca antes registrado en Argentina, dejó una huella imborrable de represión y autoritarismo en el país.

El 28 de diciembre de 2001 quedará marcado en la memoria colectiva de Río Grande y de toda la Argentina como uno de los episodios más oscuros en la historia del país. Ese día, una protesta pacífica de los trabajadores del Hospital Regional, que demandaban mejoras salariales y condiciones laborales más dignas, se transformó en una brutal represión policial. A las órdenes del entonces juez de instrucción Alberto Aragone, y ejecutada por el secretario de Seguridad Guillermo Lindl y su subsecretario Carlos Marino, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el hospital utilizando balas de goma y disparando gases lacrimógenos dentro de un centro sanitario.

Este tipo de represión, nunca antes vista en un hospital argentino, sorprendió tanto a los manifestantes como a la comunidad. Los gases lacrimógenos se esparcieron rápidamente por el establecimiento, lo que obligó a los médicos y enfermeros a cerrar las puertas de las salas de internación para evitar que los pacientes se vieran afectados. La violencia no se limitó solo a los trabajadores dentro del hospital; la protesta se intensificó a medida que la gente que se enteraba de los hechos se agolpaba en las puertas del hospital. La manifestación pasó de los gritos e insultos a la resistencia activa, con la población lanzando objetos contra los efectivos policiales.

El enfrentamiento se extendió durante varias horas, desde el mediodía hasta la medianoche, dejando un saldo de numerosos heridos, algunos de ellos por balas de goma, otros golpeados por los efectivos de Servicios Especiales. La represión, desmedida y violenta, alcanzó su clímax cuando la subsecretaria de Salud, María Rosa Sahad, tuvo que escapar por una ventana del hospital, ayudada por bomberos, mientras las fuerzas de seguridad protegían su huida.

La brutalidad del gobierno de Carlos Manfredotti y Daniel Gallo frente a la protesta de los trabajadores generó una ola de repudios a nivel nacional. Diversos comunicados de prensa criticaron enérgicamente la represión, aunque pronto se impuso el olvido y la impunidad. A pesar de la magnitud del abuso de poder, no hubo castigos ni consecuencias para los responsables de la violencia. El autoritarismo, en esa época, volvió a ganar terreno.

Hoy, 23 años después, la memoria de aquella jornada sigue viva entre los trabajadores, sus familias y la comunidad de Río Grande, quienes continúan luchando por justicia. Aquella represión, calificada como un hecho inédito, se recuerda como una lección de lo que puede suceder cuando los derechos humanos son pisoteados en nombre del poder político.