Solicitan la detención de diez militares por torturas a soldados durante la Guerra de las Malvinas

El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, presentó un nuevo requerimiento en la causa que investiga las torturas aplicadas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas, solicitando la detención y declaración indagatoria de diez militares, a quienes se les atribuyen tormentos y tratos inhumanos contra tres víctimas, los cuales fueron cometidos en el Monte Kent y Monte de las Dos Hermanas, en la Isla Soledad.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad, al ser parte de una práctica sistemática durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, dirigido a controlar las dificultades internas del ejército, agravadas por la falta de alimentos y abrigo.

En este sentido, el fiscal Rapoport afirmó que las torturas “no fueron hechos aislados ni motivados por iniciativas individuales”, sino una política aplicada por la cadena de mando militar.

En esa línea, el requerimiento describe que los conscriptos fueron sometidos a “estaqueamientos” y "enterramientos" con tierra hasta el cuello, entre otros métodos. Además, se registraron casos de inmersión en aguas heladas y discriminación contra soldados de origen indígena y apellidos judíos.

Uno de los hechos relatados ocurrió a fines de mayo de 1982, cuando dos soldados fueron castigados con estaqueamientos por no haber cumplido un relevo de guardia debido al agotamiento extremo y la falta de alimentos. Ambos soldados fueron mantenidos atados toda la noche y, posteriormente, tomados prisioneros por las fuerzas británicas.

En otro caso, un soldado de origen indígena sufrió estaqueamiento bajo nieve y llovizna, lo que le provocó severas dificultades físicas al ser liberado. Cabe señalar que, al regresar al continente, las víctimas fueron obligadas a firmar “pactos de silencio” en la guarnición militar de Campo de Mayo, donde se les prohibió hablar sobre los abusos sufridos en las islas.

Ante estos hechos, la investigación sobre las torturas en Malvinas comenzó en 2006, luego de que un exsoldado denunciara los abusos ante la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires y el MPF. 

Durante años, la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en testimonios y datos aportados por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, en 2015, la desclasificación de archivos militares permitió acceder a información que confirmó las denuncias, reforzando las acusaciones.

En 2018, el fiscal Rapoport solicitó colaboración de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para agilizar la investigación. Hasta el momento, se han procesado a varios oficiales por tormentos, aunque la causa sufrió un estancamiento en mayo de 2021. 

Por su parte, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que algunos de los hechos investigados no constituían crímenes de lesa humanidad, argumentando que estaban prescriptos. Esta decisión fue apelada ante la Corte Suprema por el Ministerio Público Fiscal y las querellas, lo que llevó a la jueza federal Mariel Borruto a suspender nuevas citaciones hasta recibir el fallo del máximo tribunal.

La presentación reciente busca reactivar la causa con la imputación de nuevos responsables, vinculados con la Brigada de Infantería III y el Regimiento de Infantería 4, quienes habrían ordenado y ejecutado los tormentos denunciados. 

Según Rapoport, “los crímenes contaron no solo con ejecutores directos, sino también con responsables que crearon las condiciones para su ocurrencia”, al restringir deliberadamente la distribución de alimentos y abrigo.

Con esta nueva iniciativa, el fiscal espera reavivar la causa y avanzar en la imputación de crímenes que no pueden quedar impunes por ser de lesa humanidad, confiando en que el pronunciamiento de la Corte Suprema destrabe el proceso judicial.