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El Estado busca volver al esquema que regía hasta el 30 de septiembre pasado. Se estima que unas 800.000 personas tendrían que hacer frente a la obligación tributaria
PAÍS18/12/2023Hace unos meses fue noticia la modificación del impuesto a las Ganancias. Tras la votación de un proyecto de ley enviado al Congreso por el Gobierno de Alberto Fernández, se elevó el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (los cambios ya estaban vigentes por decreto). Ese cambio produjo que cerca de 800.000 asalariados que antes estaban alcanzadas por el impuesto, dejaran de pagarlo. Ahora, la gestión actual busca volver atrás y enviará al Congreso un nuevo proyecto que intentará dejar todo como estaba.
Para entender exactamente qué cambió y qué puede cambiar, resulta interesante analizar el funcionamiento del impuesto un poco más de cerca. Lo que decía la vieja ley, era que los trabajadores con salarios brutos (antes de descuentos por jubilación) de $700.875 en adelante, debían pagar un impuesto al Gobierno nacional. Mientras más alto el salario, mayor sería la cantidad de dinero a pagar.
Luego, en septiembre, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, elevó el mínimo no imponible a $1.770.000 brutos mensuales, un valor equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). De esa forma, los trabajadores que ganaban, por ejemplo, $800.000 al mes, pasaron automáticamente a dejar de estar alcanzados por la obligación tributaria.
Esto tuvo dos consecuencias. Por un lado, los trabajadores beneficiados (fueron cerca de 800 mil los que dejaron de pagar) aumentaron su nivel de ingresos, porque ya no tenían que pagar un impuesto que antes sí pagaban. Por el otro, el Estado dejó de recaudar mucho dinero, porque disminuyó drásticamente la cantidad de contribuyentes.
Lo que Milei busca ahora es volver atrás y retomar el viejo sistema. Si lo consigue (lo debe aprobar el Congreso), los trabajadores que dejaron de pagar, deberán volver a hacerlo, siempre que queden alcanzados por el mínimo no imponible. Quizás la base ya no sea $700.875, sino un monto mayor, pero volverá a ser el Estado el que decida cuál es el piso sobre el cual los trabajadores empiezan a pagar.
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