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El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó nuevamente en el centro de la escena política por el destino de los fondos destinados al sistema vial. La oposición impulsa pedidos de explicaciones en la Cámara de Diputados y ya existe una denuncia penal que apunta al funcionario y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por el presunto uso de recursos del sistema vial para realizar inversiones financieras. La presentación judicial sostiene que el monto bajo investigación alcanza a $1,038 billones.
El cuestionamiento se produce en medio de reclamos por el estado y la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, mientras crece la discusión sobre el destino de los recursos que el Estado recauda a través del impuesto a los combustibles.
Según el planteo difundido, el debate se centra en los fondos que deberían tener una asignación específica dentro del Sistema Vial Integrado (Sisvial) y que, de acuerdo con las acusaciones, habrían sido utilizados con otros fines.
La controversia se profundizó luego de declaraciones atribuidas al vocero presidencial Adrián Ravier, quien habría reconocido que buena parte de esos recursos se destina al sostenimiento del equilibrio fiscal y no necesariamente a su destino específico: el mantenimiento de las rutas nacionales.
El tema llegó al Congreso, donde distintos sectores de la oposición comenzaron a reclamar que Caputo explique el manejo de esos recursos. En la Cámara de Diputados existen antecedentes recientes de pedidos de informes vinculados con la paralización de obras públicas y la situación de las rutas nacionales. Por ejemplo, durante 2026 se presentaron iniciativas para solicitar información al Poder Ejecutivo sobre la paralización de obras y sobre corredores específicos de la red vial nacional.
El reclamo político apunta a conocer cuánto dinero ingresó al sistema a través de los impuestos vinculados al combustible, cuánto fue efectivamente destinado al mantenimiento y reparación de rutas y qué destino tuvieron los recursos restantes.
La discusión adquiere especial relevancia en un escenario de deterioro de la infraestructura vial, con obras demoradas y reclamos de distintas provincias por el estado de las rutas nacionales.
En paralelo al debate parlamentario, la diputada Victoria Tolosa Paz llevó el cuestionamiento al ámbito judicial. La legisladora presentó una denuncia penal contra Luis Caputo y Darío Wasserman, a quienes acusa de haber utilizado fondos vinculados al Sisvial para realizar inversiones financieras.
De acuerdo con la presentación, la suma que debería ser investigada asciende a $1,038 billones, un monto que coloca el manejo de los recursos viales en el centro de una nueva disputa política y judicial.
La denuncia deberá ser analizada por la Justicia, que tendrá que determinar si existió efectivamente una utilización irregular de los fondos, cuál fue su destino y quiénes intervinieron en las decisiones cuestionadas.
El planteo también abre una discusión sobre el funcionamiento de los fondos con asignación específica y el alcance que tiene el Gobierno nacional para disponer de esos recursos cuando atraviesa un proceso de ajuste fiscal.
Desde la oposición sostienen que, si los recursos fueron recaudados con una finalidad determinada, deberían utilizarse para atender esa necesidad, especialmente cuando las rutas nacionales presentan problemas de mantenimiento.
El oficialismo, en cambio, deberá explicar el mecanismo mediante el cual se administraron esos fondos y determinar si las operaciones cuestionadas se ajustaron al marco legal y presupuestario vigente.
El cruce político se produce además mientras el Gobierno impulsa cambios en el esquema de infraestructura vial. En Diputados ya se encuentra registrado, entre otros antecedentes, un proyecto relacionado con el programa “Red Federal de Concesiones”, lo que muestra que la discusión sobre el financiamiento y la administración de las rutas nacionales también forma parte de una agenda más amplia.
Ahora, los pedidos de interpelación y la denuncia penal colocan a Caputo bajo presión política y obligan al Ministerio de Economía a brindar precisiones sobre el recorrido de los recursos.
La principal incógnita será determinar si el dinero recaudado para el sistema vial fue efectivamente utilizado para el mantenimiento de las rutas o si, como denuncian sectores de la oposición, terminó siendo destinado a operaciones financieras y al sostenimiento de las cuentas públicas.
Por el momento, se trata de acusaciones y cuestionamientos que deberán ser corroborados en las instancias legislativas y judiciales correspondientes. La investigación será la que determine si existieron irregularidades en el manejo de los fondos y eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
