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Un grupo de diputados del PJ Federal presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar al Gobierno nacional que informe cuáles fueron las medidas adoptadas frente a las actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos impulsadas o autorizadas por el Reino Unido en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía continúa siendo motivo de disputa entre Argentina y Gran Bretaña.
La iniciativa fue impulsada por los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, quienes requirieron al Poder Ejecutivo que detalle las acciones desarrolladas por la Cancillería Argentina y explique cuál es la estrategia oficial para responder a las actividades hidrocarburíferas realizadas en la zona.
Entre los principales puntos del pedido, los legisladores buscan conocer si el Gobierno de Javier Milei tomó conocimiento de las recientes tareas de exploración y búsqueda de hidrocarburos desarrolladas o proyectadas por empresas autorizadas por el Reino Unido y cuáles fueron las actuaciones concretas llevadas adelante por las autoridades nacionales.
Asimismo, solicitaron precisiones sobre la eventual presentación de protestas diplomáticas formales ante el Reino Unido y sobre las gestiones realizadas o previstas en organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, para defender los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto también consulta si el Ejecutivo inició o prevé iniciar acciones administrativas, judiciales o sancionatorias contra empresas que participen en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin la autorización del Estado argentino.
Según los autores de la iniciativa, el objetivo es conocer la estrategia oficial para impedir el avance de actividades unilaterales sobre recursos naturales en un área cuya soberanía continúa en disputa entre la Argentina y el Reino Unido.
En los fundamentos del proyecto, los diputados sostienen que las actividades de exploración hidrocarburífera promovidas de manera unilateral por el Reino Unido representan una nueva intervención sobre un territorio y espacios marítimos cuya condición de disputa soberana es reconocida por la comunidad internacional.
