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El Gobierno nacional oficializó la derogación de un conjunto de 58 normas vinculadas al comercio interior, que incluyen programas de financiamiento al consumo como Ahora 12 y Cuota Simple, además de disposiciones asociadas a Precios Cuidados y otras regulaciones del mercado interno. La medida forma parte del plan de modernización y desregulación del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas en el Boletín Oficial, donde se establece la eliminación de normativas que, según el Ejecutivo, habían perdido vigencia o generaban distorsiones en el funcionamiento del mercado.
Desde el Gobierno se explicó que las derogaciones buscan “contribuir a una mayor claridad del marco legal”, facilitando la interpretación de la normativa vigente y reduciendo la incertidumbre jurídica en el sector comercial.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la eliminación de 30 normativas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, que habían sido utilizados como herramientas de financiamiento al consumo.
El Ejecutivo sostuvo que estos programas “han perdido vigencia” al no haber sido prorrogados y que su eliminación se enmarca en un proceso de normalización del mercado de crédito, con el objetivo de “restablecer las señales de precio y reducir distorsiones en la asignación de capital”.
También fueron dadas de baja disposiciones relacionadas con el programa Precios Cuidados, junto con normas complementarias del sistema de control de precios.
Asimismo, se derogaron 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), luego de la liquidación del fideicomiso correspondiente, al considerar que dichas regulaciones habían quedado sin sustento legal.
En paralelo, el Gobierno eliminó 4 normativas que obligaban a escuelas privadas a informar anticipadamente sus aumentos de aranceles, al sostener que esa exigencia generaba distorsiones y limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones frente a los costos.
Según el texto oficial, estas obligaciones incentivaban aumentos preventivos y generaban incertidumbre económica en el sector educativo privado.
También quedó sin efecto una normativa relacionada con mecanismos de atención para consumidores adolescentes, al considerarse una duplicación de canales ya existentes.
El Ejecutivo remarcó que esta decisión forma parte de una política más amplia de revisión y simplificación regulatoria, orientada a reducir la burocracia y mejorar la transparencia del mercado.
Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME informó que se han derogado más de 240 normas, en el marco de un proceso de reordenamiento del comercio interior y desregulación económica.
