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A once años del surgimiento de Ni Una Menos y en un contexto donde las organizaciones de mujeres continúan reclamando respuestas efectivas frente a la violencia de género, una causa judicial emblemática de Tierra del Fuego vuelve a poner el foco sobre las demoras del sistema judicial. Casi cuatro años después de la denuncia presentada por Carla Kirstein contra el entonces relator del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guzmán, el expediente aún no tiene resolución definitiva y recién llegará a juicio oral en septiembre próximo.
La denuncia tomó estado público en agosto de 2022, cuando Kirstein difundió videos y fotografías donde relató años de violencia física, psicológica y económica, además de expresar temor por su integridad y la de sus hijas. En sus declaraciones sostuvo que la posición de poder de su entonces pareja dentro del Poder Judicial la colocaba en una situación de vulnerabilidad al momento de denunciar.
La repercusión social fue inmediata. Organizaciones feministas, referentes de derechos humanos y distintos sectores de la comunidad reclamaron medidas de protección para la denunciante y exigieron que la investigación avanzara con perspectiva de género. Incluso se realizaron movilizaciones frente a los tribunales de Ushuaia reclamando una reforma judicial que garantizara respuestas eficaces para las víctimas.
Tras la denuncia pública, Guzmán fue apartado de sus funciones como relator del juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, y la Justicia dispuso medidas de restricción y exclusión del hogar. Sin embargo, nunca fue detenido, una circunstancia que generó cuestionamientos desde distintos sectores que advirtieron un tratamiento diferente respecto de otros casos similares.
Semanas después, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler procesó al funcionario por el delito de lesiones graves agravadas en contexto de violencia de género, resolución que posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.
No obstante, el avance de la causa estuvo marcado por extensos períodos de demora. Desde una mirada de género, especialistas y organizaciones sostienen que la dilación de los procesos constituye una forma de revictimización, ya que obliga a las denunciantes a prolongar durante años la incertidumbre, la exposición pública y el desgaste emocional asociado a la búsqueda de justicia.
El caso también reavivó el debate sobre las dificultades que enfrentan las víctimas cuando los denunciados ocupan cargos de relevancia institucional. En 2022, la propia Kirstein manifestó públicamente sentirse desprotegida frente a la influencia y los vínculos que su expareja mantenía dentro del ámbito judicial.
Mientras tanto, el expediente tiene previsto llegar a juicio oral recién en septiembre de 2026, más de cuatro años después de la denuncia inicial. La demora vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para brindar respuestas oportunas en casos de violencia de género y sobre el compromiso institucional con los estándares de protección que el propio Poder Judicial sostiene públicamente promover.
En una fecha atravesada por las consignas de Ni Una Menos, el caso de Carla Kirstein continúa siendo señalado por organizaciones y sectores sociales como un ejemplo de las deudas pendientes que aún persisten en materia de acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, especialmente cuando la denuncia alcanza a integrantes de estructuras de poder.
