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En una decisión sin antecedentes en la historia judicial de Tierra del Fuego, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó parcialmente una propuesta de designación de magistrados elevada por el Consejo de la Magistratura, introduciendo un cambio de criterio que podría impactar en el equilibrio institucional del sistema judicial provincial. La medida quedó plasmada en la acordada 24/2026, que establece que el Tribunal puede revisar la “razonabilidad” de las postulaciones antes de concretar las designaciones.
La resolución marca un punto de inflexión en el funcionamiento institucional de la Justicia fueguina. Hasta ahora, el mecanismo de selección y designación de magistrados se sostenía sobre una práctica de validación recíproca entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia, sin antecedentes de rechazos formales.
Sin embargo, la acordada 24/2026 modificó ese esquema.
En el caso puntual, el STJ resolvió aceptar la designación para el Juzgado Correccional y Contravencional, pero rechazó la propuesta vinculada al Juzgado de Familia y Minoridad N.º 1 de Ushuaia.
El fundamento central de la decisión fue que la candidata propuesta no reunía fundamentos suficientes de razonabilidad frente a otras postulantes que, según el Tribunal, presentaban mejores antecedentes.
Más allá del caso específico, el aspecto de mayor impacto es el criterio que introduce el máximo tribunal provincial respecto de sus propias facultades constitucionales.
La Constitución fueguina establece que el Consejo de la Magistratura tiene la atribución de seleccionar y proponer candidatos, mientras que el STJ posee la potestad de concretar las designaciones.
Hasta ahora, ese esquema había funcionado bajo un principio de deferencia institucional, donde el Tribunal no intervenía sobre el análisis comparativo realizado por el Consejo.
Con la nueva acordada, el STJ sostiene que su facultad de designar “no es automática ni obligatoria”, sino que incluye la posibilidad de revisar la razonabilidad de las propuestas e incluso evaluar comparativamente antecedentes entre postulantes.
De esta manera, el Tribunal amplía su margen de intervención y redefine el equilibrio previsto originalmente en el diseño constitucional.
La decisión también abrió interrogantes respecto del impacto que este criterio podría tener sobre otros tramos del sistema institucional.
Uno de los puntos que genera mayor debate es que el mismo razonamiento podría ser utilizado por el Poder Ejecutivo al momento de designar integrantes del Superior Tribunal de Justicia.
En ese esquema, el Ejecutivo podría rechazar futuras propuestas del Consejo de la Magistratura invocando un control de razonabilidad similar al que ahora aplica el STJ.
Ese eventual “efecto espejo” podría derivar en conflictos entre poderes y en una dinámica de revisiones cruzadas que tensione el funcionamiento del sistema de designaciones judiciales.
Otro de los aspectos señalados tras la acordada es la situación institucional que se genera a partir de la participación del propio Superior Tribunal dentro del Consejo de la Magistratura.
El STJ integra el organismo a través de su presidencia, lo que implica que participa de la instancia de selección y, al mismo tiempo, se reserva la facultad de revisar posteriormente esas decisiones.
Esta situación introduce un esquema inédito de “doble intervención”, que podría abrir debates sobre los límites y la coherencia entre ambos roles institucionales.
Hasta el momento no existían antecedentes de una decisión de estas características en Tierra del Fuego.
En concursos anteriores se habían registrado discusiones vinculadas a antecedentes o criterios de selección, pero el Superior Tribunal siempre había convalidado las propuestas elevadas por el Consejo de la Magistratura.
La acordada 24/2026 modifica explícitamente esa práctica histórica y deja abierto un nuevo escenario institucional.
El propio texto de la resolución advierte además sobre la necesidad de avanzar hacia mecanismos más objetivos y transparentes en los concursos judiciales, incorporando sistemas de puntuación y fundamentación más claros para reducir márgenes de discrecionalidad.
De este modo, la decisión no solo resuelve una controversia puntual, sino que inaugura un precedente que podría redefinir las relaciones entre el Consejo de la Magistratura, el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo en Tierra del Fuego.
