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Desde la asunción de Javier Milei, el empleo en el sector público argentino registra una reducción sostenida y significativa. De acuerdo con datos del INDEC, en poco más de 28 meses de gestión, más de 67.000 personas dejaron sus puestos en el Estado, en el marco de un proceso de ajuste y reestructuración administrativa.
Según el informe oficial, la dotación total del Estado se redujo en 67.253 trabajadores desde noviembre de 2023. El mayor impacto se observa en la Administración Pública Nacional (APN), donde la planta pasó de 233.098 empleados a 187.734, lo que representa una baja de 45.364 puestos.
Dentro de este universo, la mayor reducción se concentró en organismos descentralizados y centralizados, con recortes en distintas áreas del Estado. En paralelo, las empresas y sociedades estatales también registraron una caída significativa, pasando de 110.259 a 88.370 empleados, lo que implica una reducción de 21.889 puestos de trabajo.
El informe detalla que parte del ajuste responde a cierres de organismos, procesos de privatización y reestructuraciones internas, que derivaron en la eliminación de funciones y empleos.
En el desglose por organismos, se destacan recortes en el ENACOM (-135), INTA (-54) y Comisión Nacional de Energía (-32). En la administración centralizada, también hubo bajas en la Presidencia de la Nación (-79), Ministerio de Capital Humano (-66) y Ministerio de Economía (-60).
En tanto, el INSSJP/PAMI redujo 63 puestos, mientras que la única excepción se dio en la administración desconcentrada, que incorporó 393 empleados, principalmente en el Estado Mayor General del Ejército Argentino.
En el sector de empresas públicas, las bajas se concentraron en la Operadora Ferroviaria S.E. (-136), Correo Argentino (-75) y Banco Nación (-59), reflejando una continuidad del proceso de reducción de personal.
Finalmente, el informe del INDEC señala que en marzo de 2026 el total de empleados públicos en todos los niveles de gobierno fue de 276.104 personas, con una nueva caída mensual de 818 trabajadores, lo que confirma la persistencia del ajuste en el empleo estatal.
