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La empresa Mirgor atraviesa un momento crítico en el mercado, con una fuerte caída en su cotización que coincide con el debilitamiento del régimen industrial de Tierra del Fuego y las duras críticas del Banco Mundial.
En los últimos meses, la acción de Mirgor pasó de cotizar cerca de $27.000 en diciembre a rondar los $17.000, reflejando la creciente preocupación de los inversores sobre la sostenibilidad de su modelo de negocio.
El contexto no es menor. En un reciente informe, el Banco Mundial calificó al régimen de promoción industrial de la isla como una política “fallida”, señalando que implica un alto costo fiscal superior a los 1.000 millones de dólares anuales sin generar avances significativos en productividad o desarrollo tecnológico.
Este diagnóstico impactó directamente en la percepción del mercado sobre la compañía vinculada a Nicolás Caputo, históricamente beneficiada por el esquema que le permitió operar con ventajas impositivas y arancelarias.
Ante este escenario, la empresa anunció una estrategia de “diversificación”, buscando reducir su dependencia del negocio electrónico ensamblado en la provincia. Entre sus planes figuran incursiones en retail, el regreso al sector automotriz y proyectos de infraestructura como un puerto en Río Grande, aunque varios de estos aún no se concretaron.
Sin embargo, los analistas advierten que el principal riesgo no es solo el fin del régimen, sino su exposición a deuda en dólares. Según estimaciones del mercado, la compañía mantiene un pasivo comercial cercano a los 650 millones de dólares, lo que podría generar un fuerte impacto ante una eventual devaluación.
Incluso, especialistas sostienen que una corrección cambiaria significativa podría afectar su patrimonio neto, generando un “golpazo” financiero en el corto plazo, más allá de que parte de ese impacto podría compensarse con el ajuste de precios.
En este contexto, el mercado debate si la acción de Mirgor representa una oportunidad de compra por estar subvaluada o si, por el contrario, refleja un escenario de riesgo estructural ligado a su dependencia de incentivos estatales y su delicada posición financiera.
La clave, coinciden los analistas, estará en demostrar si la empresa puede sostener su rentabilidad en un entorno con menor protección estatal y mayor competencia internacional
