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Un informe reciente del Banco Mundial volvió a poner en el centro del debate el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al calificarlo como una “política industrial fallida” y advertir sobre sus costos fiscales y limitados resultados productivos.
El Banco Mundial puso foco en un informe sobre el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y aseguró que se trata de “un caso de política industrial fallida”, con un costo fiscal superior a los USD 1.000 millones anuales. El organismo consideró que hubo problemas en su diseño e incentivos negativos.
En el documento titulado “Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, la entidad multilateral sostuvo que las políticas industriales muchas veces requieren un compromiso gubernamental de largo plazo, tanto por el tiempo necesario para acumular capacidades como porque los resultados de estas medidas son inherentemente inciertos.
Sin embargo, “el apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (cláusulas de caducidad) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial”, enfatizó el Banco Mundial.
En ese sentido, remarcó que el paquete de incentivos especiales comprendidos en el régimen de Tierra del Fuego, “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.
Creado en 1972, el régimen buscó aprovechar la posición estratégica de la región, impulsando el aumento de la población y la creación de empleo a través de un extenso sistema de exenciones fiscales y ventajas comerciales para los productos elaborados en la isla.
No obstante, el Banco Mundial afirmó que su estructura de incentivos “mal concebida” generó un costo fiscal sustancial —estimado en USD 1.070 millones anuales— sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas.
“Las fallas de diseño surgen de la interacción de los incentivos básicos del régimen. En primer lugar, las exenciones arancelarias a las importaciones brindan a las empresas una ventaja de costos sobre los productores del continente”, explicó el organismo.
En segundo lugar, mencionó que la aplicación de un crédito sobre el IVA busca incentivar el valor agregado local, pero “no fomenta la innovación en la práctica porque las empresas locales generan poco o ningún valor agregado real”.
La entidad sostuvo que la combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, mientras reclaman beneficios fiscales.
“Como resultado, el régimen de Tierra del Fuego representa un caso de falla de política persistente, sustentada más por razones políticas que económicas. La actividad que apoya no es autosuficiente”, consideró el Banco Mundial.
Además, señaló que las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a transferencias fiscales, más que por mejoras en su productividad o capacidad tecnológica.
En este contexto, el organismo recomendó aplicar esquemas combinados de incentivos y desincentivos, incluyendo cláusulas de caducidad, para evitar subsidios permanentes y mejorar la eficacia de las políticas industriales.
También subrayó la necesidad de realizar evaluaciones dinámicas y ajustar los objetivos en función de los resultados, destacando que incluso los proyectos fallidos pueden servir como instancias de aprendizaje para redefinir estrategias.
Por su parte, William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, sostuvo que es necesario complementar la industrialización con mayor competencia, para impulsar mejoras sin frenar la actividad.
Finalmente, el informe enmarca el caso argentino dentro de un contexto regional de bajo crecimiento y pérdida de competitividad, señalando que la falta de incorporación de nuevas tecnologías fue un factor clave en el rezago económico frente a otras regiones del mundo.
