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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, generó una fuerte controversia en el Senado al sostener que, desde una perspectiva ideológica, “no debería haber restricciones por nacionalidad” para la compra de tierras, incluso en una provincia sensible como Tierra del Fuego. Sus declaraciones reactivaron el debate sobre propiedad privada, soberanía y la causa Malvinas.
La discusión se dio en el marco de un plenario de comisiones donde se analizaba un proyecto impulsado por el Ejecutivo. Allí, la senadora Cristina López trasladó una inquietud directa: “¿Un ciudadano del Reino Unido, país que ocupa ilegalmente nuestras Malvinas, puede comprar tierras en Tierra del Fuego?”, poniendo en el centro la relación entre propiedad y soberanía.
En su respuesta, Sturzenegger aclaró el marco legal actual: “Hoy en Tierra del Fuego no se puede comprar sin autorización previa, porque está en zona de frontera”, descartando cambios inmediatos en la normativa vigente.
Sin embargo, el ministro avanzó en una definición de fondo: “Nosotros como liberales ponemos en el centro al individuo”, y argumentó que “no corresponde restringir derechos en función de la nacionalidad”.
En esa línea, fue más allá al sostener que “es una manera terrible que un individuo tenga que hacerse cargo de una generalidad por lo que hizo en algún momento su país”, dejando abierta la posibilidad de un esquema más flexible a futuro.
El funcionario también cuestionó el alcance del régimen vigente en la provincia: “No es bueno para Tierra del Fuego que el 100% esté bajo zona de frontera. Es una discusión que hay que dar”, sugiriendo una eventual revisión normativa.
Durante su exposición, defendió la necesidad de reglas claras para atraer inversiones al país: “El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad”, y agregó: “Tenemos recursos, pero nadie viene a explotarlos porque no hay certezas”.
Asimismo, criticó regulaciones actuales como la Ley de Manejo del Fuego al afirmar que “es un dislate afectar la propiedad privada durante 30 años”, en línea con la postura del Gobierno de avanzar en desregulaciones.
Las declaraciones generaron un fuerte rechazo en la oposición. El senador Martín Soria calificó la exposición como “una provocación”, mientras que José Mayans cuestionó duramente al funcionario en medio de un clima de alta tensión.
El debate excedió lo técnico y reabrió una discusión profunda sobre los límites entre liberalización económica y soberanía territorial, especialmente en una región atravesada por la disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas.
