
Con 137 votos, Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares
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Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, tras más de 11 horas de debate y en un clima de fuerte tensión política.
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), entre otros espacios, junto a legisladores de distintos bloques provinciales.
Inclusive, el oficialismo logró captar votos de dos diputados de Unión por la Patria, los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones fueron de los diputados del MID y de La Neuquinidad.
En contra de la reforma se pronunció la mayoría de Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros legisladores.
Durante el debate, se sucedieron mociones de apartamiento de reglamento impulsadas por la oposición para incorporar otros temas, aunque ninguna logró reunir los votos necesarios.
Desde el oficialismo, el diputado José Peluc destacó la realización de una audiencia pública con cientos de expositores, mientras que Nicolás Mayoraz defendió la reforma asegurando que “apunta a aclarar conceptos” sin alterar el paradigma de protección.
Por su parte, desde la oposición, la diputada Adriana Serquis cuestionó el proyecto al señalar que “no se basa en datos científicos” y advirtió sobre un posible impacto negativo en zonas periglaciares.
También hubo advertencias sobre una posible judicialización de la ley, en medio de críticas por la transferencia de facultades a las provincias para definir áreas protegidas.


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