“Ahora queremos igualdad”: taxistas respaldan la ordenanza y exigen su cumplimiento

En declaraciones a FM Aire Libre, la presidenta de la Asociación Taximetristas Unidos de Río Grande, Griselda Fuentes, respaldó la nueva regulación de aplicaciones de transporte y afirmó con contundencia que “se terminó la anarquía, ahora queremos igualdad real o que se sancione”, poniendo el foco en la necesidad de controles efectivos.

La reciente aprobación de la ordenanza que regula plataformas como Uber marca un punto de inflexión en el transporte de pasajeros en la ciudad. Sin embargo, desde el sector advierten que el verdadero desafío comienza ahora.

“Deseábamos que saliera esta regulación para trabajar en igualdad de condiciones”, sostuvo Fuentes, al tiempo que recordó los años de conflicto con los conductores informales.

En ese sentido, describió el escenario previo como caótico “era pelear vecinos contra vecinos”, expresó, reflejando la tensión que generaba la competencia sin reglas claras.

La desigualdad en las exigencias fue uno de los principales reclamos “a nosotros nos piden todo, a la otra parte, nada”, cuestionó, en referencia a las diferencias entre taxis habilitados y conductores de aplicaciones.

Ahora, con la nueva normativa, el objetivo es claro “ahora vamos a ver si realmente sirve o no, pero primero necesitamos igualdad”, afirmó.

Uno de los ejes de la regulación será el control mediante código QR en los vehículos “cuando escaneen el código, van a saber quién es el titular, si tiene los papeles en regla y si es la persona autorizada la que está manejando”, explicó.

Para Fuentes, la discusión no es solo económica sino también de seguridad “lo importante no es lo que a mí me guste, lo principal es la seguridad de la gente”, remarcó.

En paralelo, expuso la difícil situación del sector “sube el combustible y sube todo, es impresionante lo que cuesta mantener el auto”, advirtió.

Además, cuestionó el sistema tarifario “estamos atados a un índice que no contempla lo que más nos afecta”, señaló, en relación al impacto de los costos reales.

De cara a la implementación, fue contundente sobre lo que viene “las herramientas ya están. Ahora hay que hacerlas cumplir”, afirmó.

Y lanzó una advertencia directa “si alguien trabaja sin estar inscripto, tiene que ser multado e impedido de trabajar. Si no, esto no sirve”.

El plazo de regularización será de 60 días, tras lo cual quienes no cumplan deberán enfrentar sanciones.