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La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares suma tensión política e institucional: el oficialismo definió un esquema de audiencias públicas con fuertes limitaciones, que permitirá la exposición de apenas 400 oradores sobre un total de 100 mil inscriptos, lo que generó críticas de la oposición y de organizaciones ambientalistas.
La Cámara de Diputados llevará adelante las audiencias los días 25 y 26 de marzo, en formato presencial y virtual respectivamente, en el marco del debate por la reforma de la Ley 26.639 de protección de glaciares. Sin embargo, el esquema impulsado por La Libertad Avanza (LLA) restringe la participación a un número reducido de expositores.
Según lo dispuesto, solo podrán intervenir los primeros inscriptos de cada provincia, garantizando representación federal pero dejando afuera a la gran mayoría. En total, se prevé la participación de unos 200 oradores presenciales y 200 virtuales, mientras que el resto deberá enviar su postura por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.
Además, las audiencias estarán limitadas en su acceso físico: únicamente podrán asistir 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, junto a dos asesores por legislador. Esta decisión profundizó las críticas de sectores opositores que reclamaban mayor apertura y más jornadas de debate.
En paralelo, la organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para exigir que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos. El planteo quedó en manos del juez Enrique V. Lavié Pico, quien deberá resolver si corresponde ampliar el cronograma.
De prosperar ese pedido, las audiencias podrían extenderse hasta 500 días, considerando un promedio de 200 expositores por jornada, lo que evidencia la magnitud del interés social en el tema.
El proyecto de reforma busca flexibilizar las restricciones en zonas periglaciares, habilitando actividades económicas como la megaminería y la explotación de hidrocarburos, siempre bajo evaluación de impacto ambiental. También propone transferir mayores facultades a las provincias, reduciendo el control del Estado nacional.
Este enfoque es respaldado por algunos gobernadores que buscan atraer inversiones millonarias, pero genera fuerte rechazo en sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el riesgo de afectar reservas estratégicas de agua dulce.
La controversia pone en el centro del debate no solo el contenido de la ley, sino también la calidad de la participación ciudadana en decisiones ambientales clave, en un contexto de creciente conflictividad política y social.
