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La intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional comienza a mostrar sus consecuencias más profundas. A través de la Resolución N.º 04/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió el control total de la operación y de los recursos financieros, desplazando a la provincia de cualquier decisión administrativa y económica.
La medida establece que la ANPyN actuará como Autoridad Portuaria Nacional y Unidad Ejecutora de la intervención, concentrando toda la gestión operativa, técnica y administrativa. Esto implica que cualquier trámite o consulta sobre el puerto debe canalizarse exclusivamente a través del organismo nacional, anulando la participación provincial.
El núcleo del conflicto radica en el manejo de los fondos: los pagos por servicios portuarios ya no quedarán en Tierra del Fuego, sino que deberán transferirse a la cuenta de la Administración General de Puertos SAU, una empresa estatal nacional. Los comprobantes de pago deben enviarse a la tesorería nacional, lo que impide cualquier control local sobre los ingresos generados en el puerto.
Abogados locales consideran que esta medida constituye un desvío directo de fondos fueguinos hacia Nación, ejecutado bajo la figura de intervención administrativa. Según especialistas, no hay mecanismos que aseguren la reinversión de estos recursos en la provincia, consolidando un modelo de centralización financiera que vacía de autonomía económica a Tierra del Fuego.
Mientras la ANPyN argumenta que la intervención busca garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad portuaria, el rechazo político e institucional crece, evidenciando un choque entre la gestión nacional y los intereses provinciales en torno a uno de los recursos estratégicos más importantes de la región.
