Medida drástica: El Gobierno nacional explicó los motivos de su intervención en el Puerto de Ushuaia

El Puerto de Ushuaia fue intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que justificó la medida citando una serie de irregularidades tanto financieras como estructurales. El Gobierno nacional acusó el uso indebido de fondos portuarios, deficiencias en la infraestructura, y serias fallas en seguridad operativa, aspectos que comprometen el funcionamiento de un puerto clave para la logística antártica y regional.

La intervención administrativa del Puerto de Ushuaia se formalizó a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), después de una inspección que dejó en evidencia el grave deterioro del puerto y las malas prácticas en su gestión. Según la resolución, el puerto incurrió en el uso del superávit generado en 2024 y 2025 para fines ajenos a su actividad, específicamente para cubrir la deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), lo cual contradice el convenio de transferencia firmado entre Nación y Provincia en 1992. Este acuerdo establece que los recursos del puerto deben destinarse exclusivamente a la operación, administración e inversiones vinculadas a la actividad portuaria.

Las irregularidades detectadas fueron múltiples. En el plano estructural, la ANPyN advirtió un "deterioro significativo" en el muelle comercial, especialmente en el Sitio 3, con fallas en defensas, pavimentos y elementos de amarre que comprometen la seguridad en las maniobras de atraque. A esto se suman serias deficiencias en los sistemas contra incendios, señalización, alumbrado y drenaje pluvial, lo que pone en riesgo la seguridad de las operaciones y de las personas que transitan el puerto.

Desde el punto de vista ambiental y de seguridad operativa, los informes indicaron que se incumplían normas esenciales para la protección del medio ambiente y la prevención de incidentes. Además, el informe también reflejó que el puerto carecía de protocolos adecuados para la operación simultánea de carga y pasajeros, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, la intervención subrayó que el Puerto de Ushuaia no cumplía con los estándares nacionales e internacionales de seguridad informática. La falta de auditorías y de personal especializado aumentó el riesgo de vulnerabilidad en la gestión de la información, lo que podría comprometer la confidencialidad e integridad de datos cruciales.

Desde el punto de vista financiero, la ANPyN también alertó sobre una mala distribución del gasto: solo el 1,3% del presupuesto se destinó a obras de infraestructura, mientras que el 55% se destinó a gastos de personal y un 30% a préstamos y activos financieros. Esta situación comprometió seriamente la capacidad del puerto de realizar las inversiones necesarias para mantener su operatividad y modernización.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Tierra del Fuego para defender la gestión del puerto y justificar el uso de los fondos, la ANPyN concluyó que no hubo elementos suficientes para desvirtuar las observaciones técnicas. La intervención se basó en el incumplimiento de las condiciones que sustentan la habilitación portuaria.

Por último, la resolución subrayó que el Puerto de Ushuaia es un nodo estratégico para el turismo antártico, la logística regional y la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Por esta razón, el Gobierno nacional consideró "imperioso" tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad, sostenibilidad y operatividad del puerto en el corto y largo plazo.