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El Gobierno nacional se incorporará como querellante en la causa penal que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta retención indebida de tributos nacionales y aportes a la Seguridad Social. La investigación tiene como imputados al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, y se tramita en el fuero Penal Económico bajo la órbita del juez Diego Amarante.
La aceptación del Estado como parte querellante se formalizó a partir de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que busca intervenir de manera directa en el proceso judicial al considerar que existen perjuicios concretos para el fisco nacional.
Según la acusación, la AFA actuó como agente de retención de impuestos y aportes previsionales, pero no habría depositado esos fondos dentro de los plazos establecidos por la ley. Desde ARCA sostuvieron que la conducta investigada “consiste en haber retenido tributos y recursos de la Seguridad Social sin efectuar su posterior ingreso”, lo que configuraría una omisión con relevancia penal.
En la presentación judicial, el organismo recaudador remarcó que la obligación de ingresar los montos retenidos surge directamente de la condición de agente de retención y que la falta de pago no puede ser considerada un incumplimiento meramente administrativo, sino un hecho con posible reproche penal en el marco del Régimen Penal Tributario.
El monto total bajo investigación supera los $19.300 millones. En una primera denuncia, ARCA reclamó $7.593.903.512,23 correspondientes a tributos y aportes no ingresados. Posteriormente, amplió la presentación con otros $11.759.643.331,62, elevando de manera significativa la deuda cuestionada. Los períodos analizados abarcan desde marzo de 2024 hasta julio de 2025.
Desde el organismo indicaron además que los fondos “fueron efectivamente retenidos a terceros”, por lo que existía la posibilidad material de cumplir con la obligación legal, un aspecto clave para la tipificación del delito investigado.
Con la incorporación del Gobierno como querellante, el Estado podrá proponer medidas de prueba, acceder al expediente y participar activamente del proceso judicial, marcando un nuevo capítulo en la causa contra la conducción de la AFA.
