19640 Noticias
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, presentó un mapa interactivo que desnuda la extranjerización de tierras en Argentina, en medio del debate por la modificación de la Ley 26.737 y la apertura de producción en terrenos incendiados. El trabajo alerta sobre la entrega sistemática de recursos estratégicos, como agua dulce y minerales, en un contexto de creciente presión geopolítica en América Latina.
El mapa interactivo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET, revela que aproximadamente el 5 % del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas— está en manos de empresas o estados extranjeros, una superficie equivalente a toda Inglaterra.
Si bien el Gobierno sostiene que ninguna provincia supera el 15 % de propiedad extranjera, al analizar por departamento la situación cambia radicalmente: 36 distritos ya exceden los límites legales.
Departamentos críticos: Entre Ríos y Santa Fe
Estas cifras muestran que la concentración de tierras no es uniforme, sino que apunta a áreas con recursos estratégicos y ubicación logística relevante.
El mapa interactivo también evidencia que la extranjerización se centra en zonas con:
Caggiano destacó que “las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y territorios con recursos hídricos o minerales”.
El estudio recuerda que la extranjerización aceleró en los años 90, cuando la Secretaría de Seguridad Interior autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en áreas de seguridad fronteriza, vulnerando decretos históricos que protegían el territorio. Casos emblemáticos incluyen Lago Escondido en Río Negro (Joe Lewis) y las tierras patagónicas adquiridas por Luciano Benetton.
La Ley de Tierras de 2011 buscó frenar la especulación y proteger los bienes comunes, pero fue blanco de intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023, el Gobierno actual intenta avanzar mediante cambios aprobados por el Consejo de Mayo, que podrían abrir el camino a la captura de recursos estratégicos sin control estatal.
Oberlin señaló que “si uno cruza estos datos con inversiones de mineras extranjeras, aparece el problema de la conflictividad social”. Ejemplo de ello es Malargüe (Mendoza), donde el 15 % de extranjerización coincide con 18 nuevos proyectos mineros.
El Observatorio alerta además sobre la presión geopolítica: la estrategia estadounidense en América Latina y el caso reciente de Venezuela muestran que el control de recursos críticos redefine quién accede y quién queda excluido en áreas estratégicas. Como concluyen los investigadores, “desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”.
