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El Gobierno nacional desmanteló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una iniciativa clave para atender a bebés con malformaciones cardíacas. La decisión implica la desvinculación de profesionales especializados y pone en riesgo la vida de miles de niños, según denuncian médicos y familias.
El PNCC, creado en 2008, permitió reducir drásticamente la mortalidad infantil por cardiopatías congénitas en Argentina. Cada año nacen alrededor de 7.000 bebés con estas malformaciones, y aproximadamente la mitad requiere cirugía en el primer año de vida. El programa coordinaba una red federal de derivación hacia 15 centros especializados y realizaba cerca de 800 cirugías anuales, además de brindar diagnóstico prenatal y seguimiento a pacientes de todas las edades.
En los últimos días, la cartera de Salud decidió no renovar el contrato de tres miembros del equipo médico del programa. Como consecuencia, el resto del equipo presentó su renuncia en señal de protesta por lo que consideran un vaciamiento de una política de Estado. Profesionales alertan que la medida puede aumentar la mortalidad infantil y adulta y retrasar procedimientos quirúrgicos fundamentales.
Lucía Wajsman, impulsora de la Ley 27.713 que consolidó el PNCC, aseguró: “Lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y bebés que esperan una cirugía de corazón para vivir”. Su hija, paciente del Hospital Garrahan, es un ejemplo del impacto positivo del programa en la vida de miles de argentinos.
La Federación Argentina de Cardiología destacó que la desvinculación de profesionales especializados “atenta contra la continuidad del equipo técnico y la experiencia acumulada durante estos años”. La excoordinadora del PNCC, Alejandra Villa, calificó la medida como un “grave retroceso para la salud pública” y advirtió sobre la centralización de la atención, la pérdida de equidad y la dilación en la derivación de pacientes.
Por el momento, el Ministerio de Salud no respondió consultas sobre los motivos del recorte ni sobre cómo continuará la atención de los pacientes. Familias y profesionales sostienen que defender la esencia del programa es una responsabilidad colectiva y un derecho a la vida de los niños afectados.
