Sospechas en aumento: Milei, Trump y la posible cesión militar en Tierra del Fuego

La promesa de apoyo económico de Donald Trump al gobierno de Javier Milei desató una nueva polémica en Tierra del Fuego. El anuncio reavivó las sospechas sobre concesiones militares encubiertas en la provincia más austral del país. La inquietud gira en torno a la base naval integrada de Ushuaia, un enclave geoestratégico en disputa por las potencias globales. A pesar de las negativas oficiales, las reiteradas visitas del Comando Sur, un ejercicio militar no autorizado por el Congreso y el intento de reactivar un radar norteamericano suspendido, refuerzan las dudas sobre el rumbo soberano de la región.

En primer lugar, el propio presidente Javier Milei generó controversia al viajar el 4 de abril de 2024 a Ushuaia para acompañar a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU., durante una recorrida por la base naval integrada.

“Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, dijo entonces el mandatario, flanqueado por la bandera estadounidense.

Luego, en abril de 2025, el nuevo jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, repitió la visita a Tierra del Fuego tras reunirse con Milei en la Casa Rosada. En la embajada norteamericana afirmaron que el objetivo era supervisar las “misiones” de la base y su rol en la “protección de rutas marítimas clave”.

Fuentes de la Armada argentina admitieron que el interés principal de EE.UU. era garantizar que no haya injerencia china en la infraestructura estratégica.

A continuación, el 12 de agosto se produjo un hecho que encendió aún más las alarmas: tropas estadounidenses participaron en un entrenamiento militar en Ushuaia sin autorización del Congreso, requisito legal para estas actividades. Las imágenes fueron difundidas por el propio Cuerpo de Marines el 24 de agosto, pero el Ministerio de Defensa solo informó sobre el hecho semanas después, como un simple “intercambio de expertos”.

En ese marco, la senadora Cristina López (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes exigiendo saber si los militares estadounidenses tuvieron acceso a información logística antártica. Por su parte, el senador Pablo Blanco (UCR) solicitó la presencia del canciller Gerardo Werthein en el Congreso, mientras el gobernador Gustavo Melella advirtió que “el endeudamiento externo no puede ser moneda de cambio para relaciones geopolíticas opacas”.

Además, crecen las sospechas sobre el intento del Ministerio de Defensa de rehabilitar el radar de monitoreo espacial de la firma estadounidense-británica LeoLabs, en Tolhuin. Suspendido por el exministro Jorge Taiana en 2023 por razones de seguridad nacional, el radar podría volver a operar tras una auditoría impulsada por el actual Gobierno, que cuestiona el informe técnico anterior.

Finalmente, los voceros oficiales intentaron desmentir las versiones. El ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, negaron cualquier plan para instalar una base militar estadounidense. Sin embargo, la acumulación de señales hace difícil disipar las sospechas: visitas reiteradas del Comando Sur, ejercicios no informados, radares polémicos y silencio oficial configuran un escenario cada vez más inquietante en el extremo sur del país.