IATEC: Mirgor concretó 45 nuevos despidos

En medio de un contexto de creciente incertidumbre laboral en el sector industrial de Tierra del Fuego, la empresa IATEC, una de las firmas del Grupo Mirgor, concretó en las últimas horas la desvinculación de 45 operarios en su planta ubicada sobre la calle Islas Malvinas, en el parque industrial de Río Grande. Las cesantías afectan a trabajadores contratados bajo la modalidad de “Permanentes de Prestación Discontinua” (PPD), un esquema extendido en el régimen de la industria electrónica fueguina.

Con esta nueva ronda de despidos, el Grupo Mirgor acumula más de 120 bajas en menos de tres meses. El proceso comenzó con las llamadas “salidas acordadas” registradas en julio, siguió con 30 desvinculaciones en agosto, y continúa durante septiembre. Las medidas han alcanzado distintas unidades productivas del conglomerado en Río Grande, especialmente IATEC, Brightstar y FAMAR.

Según fuentes del sector industrial, la planta de Islas Malvinas ha sido la más afectada por los últimos movimientos de personal. En paralelo, continúa vigente un régimen de suspensiones que implica detener la producción durante una semana completa por mes. Esta medida, que impacta sobre trabajadores metalúrgicos de varias firmas del grupo, se mantendría, al menos, hasta fin de año.

Además de las desvinculaciones, el grupo ha implementado traslados de operarios entre diferentes plantas, particularmente hacia las sedes de las calles Einstein y Sarmiento. Esta dinámica de reestructuración interna, sin comunicación oficial, genera un clima de preocupación entre los trabajadores.

Por el momento, desde la empresa no se han emitido declaraciones públicas sobre las recientes bajas ni sobre las políticas de personal en curso. En cambio, en el ámbito gremial y entre los propios trabajadores, crece el malestar ante lo que describen como “un ajuste silencioso”, con despidos bajo la figura PPD y acuerdos individuales sin claridad sobre el futuro laboral.

En este escenario, los sindicatos metalúrgicos continúan en estado de alerta, mientras se espera una mayor intervención institucional para contener el impacto social de estas decisiones empresariales que golpean a la principal actividad económica de Río Grande.