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En diálogo con Radio Provincia, la presidenta de la Cooperadora de la Escuela Especial Kayú Chenen, activista y madre, María José Pazos, valoró la reciente reunión mantenida con el gobernador y funcionarios provinciales, donde se abordaron las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias en el acceso a derechos básicos.
“La percepción que tuvimos es que esto se generó a raíz de la presión que venimos ejerciendo desde el colectivo y las familias. La movilización del 11 de agosto en la Legislatura fue clave para que nos recibieran. También las notas y reclamos que presentamos constantemente sobre salud, educación, vivienda y trabajo”, afirmó.
Pazos remarcó la importancia de haber sido escuchados directamente: “Era fundamental que las familias, las personas con discapacidad y los cuidadores pudiéramos hablar en primera persona. Estuvimos casi 20 personas en Ushuaia, más representantes de Tolhuin y Río Grande conectados virtualmente. No podía seguir siendo la comunicación sólo a través de los medios”.
Entre los reclamos expuestos, mencionó la situación de las juntas médicas, la falta de viviendas adaptadas y el transporte escolar: “Hay alumnos que hace meses no asisten a clases porque la combi no está en condiciones. Y el lugar donde se hacen las juntas médicas es inaccesible, por lo que terminan haciéndolas virtualmente”, detalló.
También se refirió a la deuda provincial con la obra social: “Necesitamos que paguen lo que se debe en prestaciones, porque no somos nosotros los deudores. Sin embargo, se nos recortan insumos, derivaciones o la posibilidad de elegir al profesional tratante. Eso es una barrera actitudinal enorme”.
Por último, pidió que la discapacidad sea tratada de manera transversal en las políticas públicas: “El presupuesto provincial debe tener perspectiva en discapacidad en todos los órdenes: salud, trabajo, producción y educación. Nuestra población crece y necesitamos saber qué lugar ocupamos en esos presupuestos”.
