La UOM advierte que “en 30 días hábiles deben resolverse alternativas” para proteger la industria y los puestos de trabajo

En diálogo con FM La Isla, el secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Marcos Linares, brindó detalles sobre la reunión mantenida en Ushuaia con funcionarios provinciales y nacionales, donde se discutieron los impactos del decreto que elimina aranceles para productos electrónicos, especialmente celulares, desde el próximo 15 de enero.

Aunque no todas las empresas participaron del encuentro, Linares confirmó que “sí estuvieron presentes los distintos funcionarios, tanto provinciales como nacionales, donde se está discutiendo y se siguen evaluando alternativas que posibiliten transitar una situación de producción normal y habitual”.

Uno de los puntos centrales de la negociación es el pedido de prórroga del segundo tramo del decreto: “Se hizo una presentación conjunta planteando que se prorrogue por lo menos por seis meses la aplicación, para que cualquier decisión tenga el tiempo necesario para resolverse y permitir que la producción nacional sea competitiva contra los productos importados, sobre todo en celulares de gama baja y media”, explicó.

Según advirtió el dirigente sindical, “nuestro primer planteo hacia el Gobierno Nacional fue que modifique y deje sin efecto la aplicación del segundo tramo”, pero la respuesta fue negativa. Ante esto, la UOM planteó un plazo de 30 días hábiles para encontrar soluciones concretas. “Si no fuera así, vamos a estar evaluando y tomando decisiones respecto de qué acciones llevamos a cabo para defender los puestos de trabajo”.

Respecto al impacto que tendría la desregulación, Linares alertó: “Si sigue tal cual el decreto y la baja cero de los aranceles, podría llegar a ser un golpe tremendo para una parte muy importante de los puestos de trabajo”.

Además, señaló que la preocupación del gremio no se limita al sector fueguino: “Desde el 10 de diciembre hasta hoy, desde el Gobierno Nacional nunca se nombró la palabra industria. Se han abierto importaciones en todos los sectores: calzado, vestido, maquinaria agrícola, automotriz… En este contexto, nuestra industria está en riesgo”.

Por eso, remarcó: “No vamos a esperar sentaditos hasta el 31 de diciembre. En nuestro Congreso de Delegados se resolvió que, si no hay avances concretos en estos 30 días hábiles, vamos a tomar todas las decisiones necesarias para defender la industria nacional y nuestro legítimo derecho a seguir habitando Tierra del Fuego”.

Consultado sobre la respuesta del sector empresarial, sostuvo que muchas firmas tienen licencia de marca y podrían reconvertirse en importadoras. “El problema es que si la producción deja de ser rentable, muchas empresas van a dejar de fabricar para dedicarse a importar”, lamentó.

Finalmente, sobre el impacto en el consumo, aseguró que “la pérdida del poder adquisitivo afecta a todos los sectores. Hoy la gente prioriza comer, y lo que nosotros producimos son bienes de uso. La situación es cada vez más compleja”.

Pese al escenario, Linares insistió en que el gremio sigue presente junto a los trabajadores: “Nosotros tenemos la decisión y la posición de defender los puestos de trabajo. Si no hay resolución, tendremos que tener la capacidad de unidos y organizados tomar las decisiones necesarias para defendernos, sostenernos y contenernos”.